Bloc Rosa de Foc

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Nuevo caso polémico de okupación en Barcelona. El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital catalana tiene abierta una causa por la okupación en octubre del año pasado de cuatro inmuebles de una finca situada en la Ronda Sant Pere. Después de varios intentos de desalojos, con unas 200 personas convocadas por el Sindicato de la Vivienda de Casc Antic impidiendo que las autoridades llevaran a cabo su acometido, los abogados de la propiedad consideraron que la actuación de los ocupantes y de otras personas de la entidad que los apoyaron podrían constituir también delitos de coacciones, extorsión, amenazas y organización criminal, como así está investigando el juez Joaquín Aguirre.

Según adelanta El Mundo, una de las ocupantes se dirigió el día del intento de desalojo al propietario y le dijo «sé quién eres y sé dónde vives» mientras que otra persona afirmó «te iremos a buscar». El escrito presentado ante el juez destaca que en los días siguientes una de las personas identificadas por los Mossos, declaró como investigada en el juzgado, llamó a los representantes de la empresa indicando que pertenecía al «Sindicato de Inquilinos de Casc Antic», que habían llevado a los ocupantes de los pisos y que querían «negociar».

En el atestado policial también se indica que los agentes vieron a esta investigada convocar a otras personas para impedir el desalojo del inmueble y que tras identificarse como miembro del sindicato negoció un acuerdo con los Mossos para no ocupar más pisos del bloque y evitar más protestas «violentas» a cambio de la retirada de los antidisturbios. En su declaración en el juzgado la investigada negó pertenecer a este sindicato.

El propietario denuncio el Sindicato de la Vivienda de Casc Antic y este empezó presuntamente «una campaña de difamaciones e injurias con publicidad, así como de coacciones» a través de las redes sociales, con cuentas de esta entidad, junto con otras de la izquierda independentista, y con numerosas pintadas en varias zonas del centro de Barcelona y ante su vivienda en Vic. También señalan que la investigada envió varios mensajes a representantes legales del propietario en los que «habla en nombre» del sindicato y asegura que ellos deciden «quién usurpa y se instala» en las viviendas, aunque se refiere a familias necesitadas.

Sin embargo, la acusación cree que en estos pisos ocupados no había «ninguna familia necesitada, sino jóvenes antisistema. El abogado del propietario ha presentado al juzgado la grabación de una de las reuniones con representantes del sindicato, en el que asegura que «su organización forma parte de un movimiento político» y por eso exigen al dueño que «negocie alquileres sociales» ya que su movimiento está «protegido». En este sentido remarcan que esta forma de actuar, ocupando una vivienda para luego obligar a negociar «la han hecho otras veces» y que tienen «la versión del Ayuntamiento» de Barcelona sobre licencias de obras que se dan a pisos, como las que tenían varios inmuebles del bloque de la Ronda Sant Pere.

Con un perfil similar al caso de la propietaria increpada por Podemos, Ether Argerich, los propietarios de este caso también consideran que desde este sindicato continuaron con «la coacción y la extorsión cuando manifiesta que si no llegan a un acuerdo la resistencia será larga» y detallan que ofrecen la mediación del Ayuntamiento ya que «ha participado en casos similares» y «ya han venido aquí más de una vez», según recoge El Mundo

Por eso creen que actúan como una «organización criminal» estructurada «para cometer delitos leves» ya que se dedican a usurpar propiedades ajenas colocando ocupantes y luego tienen un «equipo jurídico« que se encarga de las posibles responsabilidades penales y de negociar con los dueños de la finca, incluso amparados supuestamente por el Ayuntamiento que lidera Ada Colau.