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El Tribunal Supremo ha dado un golpe sobre la mesa y ha cerrado la puerta a evitar el pago de la plusvalía municipal al vender o heredar un inmueble a través del IPC. 

A pesar de que los contribuyentes llevan meses utilizando una fórmula para intentar ahorrarse este tributo, el Alto Tribunal ha dictaminado que no pueden acogerse a esta posibilidad. “Estamos ante una sentencia que supone un auténtico varapalo para los contribuyentes, y entierra una de las últimas opciones que había de evitar pagar el impuesto, en caso de transmisiones en las que se haya verificado una ligera ganancia”, según explica José María Salcedo, socio del despacho de abogados Ático Jurídico.

Hasta ahora, y con el visto bueno de diferentes juzgados, los contribuyentes han actualizado el valor de compra de los terrenos conforme al IPC para incrementarlo y, así, estar exentos de pagar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como la plusvalía municipal, a la hora de realizar un traspaso.

Según explica el abogado, “sin duda estamos ante un supuesto muy habitual. Es el caso del contribuyente que compró un terreno en octubre de 2003 por 160.000 euros, y lo transmitió en marzo de 2019 por 195.000 euros. Si comparamos las escrituras, el incremento de valor es evidente, lo que obligaría a pagar el impuesto. Sin embargo, la cosa cambia si se actualiza el valor de adquisición conforme al IPC”.

En el plazo descrito, por ejemplo, el índice nacional ha subido casi un 31%, lo que supondría reconvertir esos 160.000 euros de la adquisición en más de 209.000 euros. Por tanto, el traspaso supondría una pérdida y el contribuyente estaría exento de pagar la plusvalía municipal.

Esta vía para intentar ahorrarse el gravamen ha contado con el beneplácito de varios Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, “que han considerado necesario actualizar el valor de adquisición del terreno conforme al IPC”, añade el letrado.

Por ejemplo, Salcedo recuerda el caso del Juzgado de lo Contencioso número 6 de Valencia, que determinó que no es idéntico lo que puede comprarse con una cierta cantidad de dinero en el año “X” que en el año “X+20”. Algo similar ha dictaminado el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Zaragoza, así como algunos Tribunales Superiores de Justicia de algunas autonomías, como el TSJ de Castilla y León.

En este caso, recalca Salcedo, “el Tribunal se mostraba favorable a la actualización del valor de adquisición, pero sin considerar que hubiera una “barra libre”. No en vano, este Tribunal exigía que el contribuyente demostrase que había adquirido en un momento particularmente inflacionista”.

La forma de actualizar el valor de los terrenos acabó llegando al Supremo, que desde el pasado otoño tenía pendiente definir si la actualización del valor de compra conforme al IPC era la correcta, qué índice habría que utilizar (el nacional, el autonómico o el provincial) o si era mejor utilizar otro mecanismo que permitiera ajustarlo a la inflación.  Y es aquí donde entra en juego la última sentencia, que entierra de forma definitiva cualquier posibilidad de ajustar el precio de adquisición a la evolución del IPC.

En primer lugar, aclara Salcedo, el Supremo considera que aceptar esa fórmula de actualización supondría ignorar la fórmula de cálculo de la base imponible, prevista en la Ley. Así, declara que “aceptar, por tanto, que el precio de adquisición del terreno va incrementándose (o reduciéndose) año a año en atención al coste de la vida (o a cualesquiera otros índices) tropezaría con el sistema de determinación de la base imponible del impuesto, que solo ha tenido en cuenta, como se ha visto, el valor del terreno en el momento del devengo.”

Además, el Alto Tribunal considera que, “a efectos de la comparación de escrituras, solo debe tenerse en cuenta el valor de adquisición y de transmisión del terreno, sin más complementos ni aditivos”, señala el letrado, que recuerda que esta postura fue la misma que tomó en su día en otros temas como los gastos de urbanización o el de los gastos de notaría, registro y los impuestos de la compraventa de las parcelas.

Según el Supremo, el hecho de ajustar el valor de compra al IPC es algo que choca con la naturaleza misma del tributo, “que grava la capacidad económica puesta de manifiesto entre dos momentos temporales, el de adquisición y el de enajenación, computados por años y con un máximo de 20”, e insiste en que “el índice de precios al consumo no integra ni puede integrar el precio o valor de adquisición, porque se produce en un momento posterior al de la adquisición, y por ello no forma parte del precio o coste de adquisición fijado temporalmente al inicio del periodo de generación de la riqueza potencial gravada.”

Por si fuera poco, el Alto Tribunal recuerda que esta actualización, prevista en el IRPF hasta 2015, ni siquiera está contemplada en la ley que regula el impuesto (Ley de Haciendas Locales), de modo que “su admisión no solo constituiría un aventurado establecimiento ‘extra legem’ de un sistema no previsto, sino que exigiría la inclusión creativa de un método idóneo, de los muchos posibles, para establecer esa (no prevista) actualización”, concluye Salcedo.