El proyecto residencial del Residencial Metropolitian, encabezado por el Grupo Ibosa, para remodelar toda el área que ocupan actualmente las cocheras de Metro de Madrid situadas en Cuatro Caminos suma un nuevo revés con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha procedido a anular la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid sobre el ámbito de ‘Cocheras Metro Cuatro Caminos’, aprobado por el Ayuntamiento de la capital el 26 de junio de 2014.

Los afectados aún pueden recurrir por casación al Tribunal Supremo, y mientras tanto, pueden seguir las actuales obras de desmantelamiento de este complejo industrial, que finalmente no obtuvo su declaración como Bien de Interés Cultural al completo. Un asunto que también estuvo en manos de los tribunales.

La Cooperativa Metropolitan compró el suelo a Metro de Madrid por 88 millones de euros en 2014, para levantar más de 400 viviendas previstas por el Grupo Ibosa, un gran parque y edificios dotacionales, donde las cocheras de Metro de Cuatro Caminos terminarán soterradas.

Ahora, el recurso presentado por la Asociación Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde Chamberí como por la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio contra las deficiencias encontradas en la modificación del PGOU para el ámbito si han encontrado la sentencia judicial a anular el plan urbanístico para la zona.

Los jueces estiman que debe anularse al carecer de «un correcto estudio de impacto ambiental» y por la falta de una evaluación económica sostenible y pertinente.

Tras la lectura Memoria Ambiental del proyecto “resulta evidente que ni en el informe ni en el estudio llega a realizarse un análisis de las posibles alternativas. Se exige la determinación de diferentes alternativas entre las que poder concretar aquélla que sirve mejor a la ciudad (…) Ni se contempla la alternativa 0, aquella que consiste en mantener el ‘statu quo’ ambiental y territorial, ni se realiza un análisis de otras posibles alternativas de actuación, lo que determina la vulneración de las distintas disposiciones legales», concreta la sentencia.

Otra de las patas para sustentar la anulación es la falta de acreditación de la viabilidad y sostenibilidad económica. “El estudio de viabilidad de la presente modificación no contiene la evaluación del coste financiero del mantenimiento que esas infraestructuras va a irrogar a las arcas municipales», lo que, «efectivamente, como alega el recurrente, no cumple con los requisitos legales y lleva a estimar el motivo de nulidad de la Modificación Puntual del Plan”.