Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid / Gtres

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid / Gtres

El Gobierno regional pretende licitar el primer proyecto del Plan Vive Madrid antes de que finalice este 2020. Para ello, la Comunidad de Madrid busca 650 millones de euros de capital privado para levantar 7.000 viviendas públicas en régimen de alquiler. Las empresas adjudicatarias se encargarán de llevar a cabo la inversión y la promoción de los pisos, además de la gestión de los arrendamientos. Pero la Administración mantendrá la titularidad de los suelos y recuperará la gestión sobre las parcelas y los edificios después de que hayan transcurrido unos 45 años, según señala Cinco Días.

Al concurso convocado próximamente por la Comunidad de Madrid se podrán presentar promotoras, constructoras, compañías de gestión de arrendamiento o inversores que apoyen el proyecto. La intención es que las obras de estas 7.000 unidades den comienzo durante el primer semestre del próximo ejercicio. Además, cabe destacar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso troceará este proyecto en lotes de 1.200 viviendas cada uno y los operadores sólo podrán optar a un máximo de dos para minimizar los riesgos.

La realidad es que en origen el primero proyecto del Plan Vive Madrid tenía proyectado la construcción de 9.000 viviendas, pero problemas urbanísticos surgidos en alguna de las parcelas han reducido esta cantidad a 7.000.

La materialización de este plan significa dar un impulso definitivo a la colaboración público-privada de la que tanto se ha hablado en el sector promotor y dentro de la propia Administración Pública. En esta relación, la Comunidad de Madrid aportará los suelos, pero impondrá un canon y limitará el cobro de las rentas para que se trate de un alquiler asequible. De hecho, los arrendamientos serán un 50% menores que los del mercado, según fuentes del Gobierno regional. Unos límites que no pretenden entorpecer la rentabilidad que buscarán los inversores. Con este Plan Vive, Díaz Ayuso pretende dar un impulso al sector promotor tras la crisis del covid-19, pero también facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes.