A medida que pasan los días se van conociendo más detalles de la Ley de Vivienda que quiere sacar adelante el Gobierno. Una normativa cuyas medidas estrella han levantado ampollas en el sector inmobiliario y que todavía está pendiente de aprobación.

La semana pasada, en el marco de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, PSOE y Podemos pactaron varias medidas para desatascar la ley tras varios meses de negociaciones y desencuentros, entre las que destacan incentivos fiscales a pequeños propietarios de hasta el 90% en el IRPF para que mantengan los precios de los alquileres, límites a las rentas de viviendas de grandes tenedores, un recargo en el IBI a las viviendas vacías durante un tiempo prolongado o que el 30% de las promociones de obra nueva se destine a VPO. 

Sin embargo, la letra pequeña de las medidas se está conociendo con el paso de los días. Por ejemplo, que el acuerdo establece un periodo de transición de 18 meses desde la entrada en vigor de la normativa para aplicar la bajada de precios obligatoria a los grandes propietarios, por lo que, de facto, no podría aplicarse antes de primavera de 2023.

Ese año y medio es el periodo necesario para elaborar un sistema de índice de precios de referencia de las rentas que pueda actualizarse de forma permanente, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). La fecha podría retrasarse todavía más si tenemos en cuenta que el texto todavía no está aprobado por el Gobierno y que se espera una larga fase parlamentaria que podría durar varios meses. 

Otra de las medidas que ha provocado más críticas es que la normativa contempla que los promotores deben destinar un 30% de sus nuevos proyectos residenciales a vivienda protegida, y la mitad a vivienda de alquiler social. Pero el Ejecutivo matiza que los ayuntamientos serán quienes decidan si quieren aplicar esta medida.

Es decir, la Ley de Vivienda no obligará de facto a que todas las promociones nuevas de viviendas apliquen esta limitación, sino que dejará en manos de cada municipio la posibilidad de aplicarla, tal y como publica el diario Cinco Días. 

Además, los ayuntamientos que decidan poner en marcha esta limitación tendrán que compensar a los promotores para evitar que la medida pueda vulnerar el derecho a la propiedad privada y que pueda ser inconstitucional. 

Para ello, el ayuntamiento deberá ‘ceder’ terrenos de tamaño similar a la promotora afectada en otra parte del municipio. Y en el caso de que la nueva ubicación sea menos atractiva respecto a la promoción afectada, el suelo deberá ser de un tamaño superior. 

Con esta especie de indemnización, el Gobierno descarta que haya una fuga de inversiones como ha ocurrido en Barcelona, donde la cesión del 30% a VPO es obligatoria y no conlleva una contraprestación por parte del Consistorio liderado por Ada Colau.