A pesar de que el Tribunal Supremo en una sentencia del pasado mes de mayo obligó a las comunidades autónomas a enviar un perito a comprobar in situ el valor de una vivienda para luego cobrar el ITP o el Impuesto de Sucesiones, muchas obvian la sentencia del Alto Tribunal. Y lo que es peor, pretenden liberarse de esa obligación y que no se les pueda achacar que no lo han cumplido.

Castilla La Mancha, Canarias o Cataluña son algunas de las CCAA que no cumplen con la sentencia del Supremo, a la hora de enviar un perito al inmueble que está sufriendo una comprobación de valores por parte de la administración. Esto sucede cuando la CCAA estima que se han pagado el ITP o el ISyD sobre un valor de la vivienda que no es el correcto. Para ello, hay varios métodos de comprobación de valores contemplados en la Ley General Tributaria, tal y como subraya José María Salcedo, socio de Ático Jurídico.

Castilla La Mancha utiliza el método de tasación hipotecaria (5art. 57.1.g de la Ley General Tributaria) porque asegura que “se trata de una tasación motivada, explicada y detallada con visita por el técnico al inmueble y explicación de sus características…”. En definitiva, la Hacienda manchega pretende que el perito enviado por la Sociedad de Tasación lleve a cabo las labores que debiera hacer el perito de la Administración.

Pero Salcedo recuerda que la visita realizada por el perito de la sociedad de tasación no puede suplir la que debiera hacer el perito de la Administración. “El valor a efectos de tasación hipotecaria y el valor real no son conceptos idénticos. Por tanto, siempre es deseable que un perito de la Administración, visite el inmueble, y compruebe in situ, tras una inspección ocular, que en el caso objeto de comprobación, ambos valores coinciden”, añade.

Y ello, a pesar de la doctrina legal existente en relación a este medio de comprobación que, en opinión de Salcedo, debiera ser revisada. “No tiene sentido que en todos los métodos de valoración se exija la visita del perito, menos en éste”, afirma el abogado de Ático Jurídico.

En Cataluña la administración directamente remite a los contribuyentes la valoración que ha hecho sobre el inmueble, sin que el perito lo haya visitado. Es más, pide fotografías, planos o informes técnicos a los contribuyentes para determinar el valor de la propiedad, algo que es ilegal a ojos del Supremo.

Y en Canarias la administración hace lo mismo que en Cataluña: pone a trabajar a los contribuyentes. Pero incluso va más allá, porque “si el contribuyente no aporta la prueba documental indicada, ni comunica su deseo de que se realice la visita del perito, la Hacienda canaria entenderá que no considera necesaria dicha visita, y que se le exime del cumplimiento de este requisito”, señala Salcedo.

Qué pasa si el contribuyente no pide la visita del perito

En opinión de Salcedo, los contribuyentes no tienen por qué aceptar tal chantaje, ni entrar en el juego propuesto por la Administración. Deben tener en cuenta que:

1) la carga de la prueba la tiene la Administración, ya que el valor del inmueble declarado por el contribuyente se presume cierto, a no ser que la Administración considere que no es correcto.

2) La Administración sólo puede eximirse de visitar el inmueble si lo justifica y motiva adecuadamente.

3) Sin visita del perito, la valoración difícilmente será individualizada, un hecho esencial para que la comprobación de valores y la liquidación no sean anuladas en los Tribunales. 

Qué pasa si el contribuyente pide la visita del perito a la casa

Salcedo asegura que hacer esto es “darle ventaja a la Administración”, ya que permite corregir “un defecto de procedimiento (la ausencia de la visita), que probablemente iba a significar que, en un futuro, la comprobación y la liquidación dictadas se anulasen en Tribunales”, añade.

Cómo quiere Hacienda librarse de la visita del perito

Planea aprobar una modificación legal que le permita imponer como valor de los inmuebles, el valor de referencia de mercado calculado por Catastro. En esta noticia explicamos la nueva valoración de casas contemplada en el Anteproyecto de Ley de Lucha contra el Fraude.

“Lo peor es que dicho valor de Catastro se presumirá cierto. Por ello, Hacienda podrá imponer ese valor aún sin haber visitado el inmueble. Y si los contribuyentes no están de acuerdo con el mismo, serán ellos los que tendrán que demostrar que el valor del inmueble es otro, aportando prueba”, señala.