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El fin de la legislatura se precipita. Por segunda vez estos 40 años de democracia, el Congreso de los Diputados ha tumbado el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que había diseñado el Gobierno de Pedro Sánchez para 2019. Unas cuentas que incluían miles de millones de euros en nuevas inversiones y prometían aumentar las ayudas sociales gracias, en parte, a varias subidas de impuestos.

Sin embargo, medidas como la subida del IRPF a las rentas altas, el fin de las deducciones y bonificaciones a las grandes empresas y la penalización de los beneficios de las socimis que no se distribuyan vía dividendo de momento quedan el aire. Y es que el Ejecutivo debe prorrogar los Presupuestos de 2018 que heredó de Mariano Rajoy, por lo que solo podrían llevarse a cabo si se aprueban vía decreto.

Repasamos seis medidas fiscales muy controvertidas que podrían caer en saco roto:

  1. La subida del IRPF a las rentas altas. El Gobierno planteaba en las cuentas públicas un alza de dos puntos del IRPF estatal para las rentas de más de 130.000 euros anuales, y de cuatro puntos para las que superen los 300.000 euros, al que habría que sumar el autonómico. Esta medida buscaba recaudar unos 328 millones de euros este año, con un impacto sobre 80.000 contribuyentes, según los cálculos de Hacienda.
  2. El nuevo tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades. Los Presupuestos contemplaban el fin de las deducciones que se pueden aplicar las grandes empresas (aquellas que facturan más de 20 millones de euros) para pagar menos vía Sociedades, el tributo que grava sus beneficios. Así, el Gobierno fijaba un tipo mínimo del 15%, porcentaje que subía al 18% para bancos y empresas de hidrocarburos. La medida tenía un impacto de potencial sobre más de 10.000 empresas y una previsión de recaudación cercana a los 1.780 millones de euros. También queda en el aire la propuesta de bajar el tipo nominal a las pymes que facturan menos de un millón de euros, que pagarían un 23% (dos puntos menos).
  3. La subida de impuestos al ahorro. Consistía en un incremento del IRPF de cuatro puntos a partir de 140.000 euros de ahorros declarados. Hubiera tenido efectos sobre 21.000 contribuyentes y hubiera supuesto una inyección de más de 330 millones de euros.
  4. El fin de las bonificaciones al diésel. El Gobierno tenía la intención de acabar con las bonificaciones al gasóleo para los particulares únicamente, lo que hubiera permitido recaudar unos 670 millones de euros extra al aplicar un incremento de la fiscalidad de 3,8 céntimos por litro. Esta medida, no obstante, podría ser incluida en una nueva ley contra el cambio climático que está preparando el Ministerio para la Transición Ecológica, y que podría ser aprobada en el Consejo de Ministros este mismo mes, según publica el diario ABC.
  5. La subida del impuesto de Patrimonio. El Ejecutivo tenía previsto subir el tributo que pagan las rentas altas por su patrimonio, a pesar de que se trata de un impuesto prácticamente inexistente en el resto de Europa. La medida afectaba a unos 2.550 contribuyentes y suponía unos 340 millones de euros adicionales. 
  6. Los impuestos sobre los beneficios que no distribuyan las socimis vía dividendos. Las sociedades de inversión inmobiliaria están exentas de pagar el Impuesto de Sociedades, porque están obligadas a repartir al menos el 80% de sus beneficios vía dividendos. No obstante, el Gobierno se había propuesto gravar con un tipo del 15% los beneficios que no distribuyan vía dividendos. A pesar de que Hacienda calculava que la medida afectará a más de 200 vehículos y supondría una recaudación adicional de 10,5 millones de euros, lo cierto es que el negocio de las socimis estaba valorando aumentar entre sus accionistas un porcentaje mayor de sus ganancias.
  7. La bajada del IVA a algunos productos. Las cuentas también incluían bajadas puntuales del IVA en productos como la higiene femenina (del 10% al 4%), los servicios veterinarios (del 21% al 10%) o los libros, revistas y periódicos electrónicos (del 21% al 4%). Al no llevarse a cabo, se mantienen unos 77 millones de euros de recaudación.

Desviación del déficit público

Organismos de la talla del Banco de España, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) han asegurado en las últimas semanas que los Presupuestos de 2019 incluían una desviación de los ingresos públicos de hasta 10.000 millones de euros. Y si a este cálculo se añade que varias novedades fiscales no entrarán en vigor, los expertos tienen claro que se disparará el déficit público. Tal y como publica el diario El País, el alza del gasto público podría disparar el déficit hasta el 2,5% del PIB, apenas dos décimas menos que en 2018 y frente al objetivo del 1,3% que se había marcado el Gobierno para este ejercicio.

No podemos olvidar que las medidas que ya han sido aprobadas vía decreto (como la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional o la subida salarial a los funcionarios) dispararán el gasto público. 

También se mantiene otras figuras tributarias que han aparecido este año: la tasa a las transacciones financieras y el impuesto a las grandes tecnológicas. Ambos tributos fueron aprobados en el Consejo de Ministros hace un mes.