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La subasta judicial electrónica de una vivienda habitual dejará de adjudicarse por debajo del 60% de su valor en la puja, según el anteproyecto de ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. La normativa incluye que el ejecutante pasará a ser un postor más si quiere hacerse con el inmueble, al eliminarse el actual mecanismo de la mejora posterior.

El Gobierno ha aprobado en el pasado Consejo de Ministros una reforma que pretende impulsar la resolución de conflictos fuera de juzgados y tribunales mediante instrumentos de mediación para descargar así a la administración de Justicia, hasta el punto de hacerlo obligatorio antes de acudir a la vía judicial.

La normativa prevista en el anteproyecto también aclara cómo proceder en el caso de que el precio ofrecido sea inferior a estos porcentajes o si la subasta resultase desierta. Se da prioridad a que se cubran las cantidades reclamadas en todos los conceptos. En estos casos se permite al deudor hacer una oferta para, aunque sea por un céntimo más, pueda mejorar la mayor puja presentada, siempre y cuando se cubran esos conceptos reclamados. El demandado puede presentar a cualquier persona en su nombre para mejorar la puja.

Esos importes mínimos van del 30% del valor de subasta en los muebles. En relación con los inmuebles se ha establecido un mínimo del 50% de su valor, pero si la cantidad adeudada fuera inferior, se aprobaría siempre que cubra el 40% del valor de subasta.

También cambian las normas para el ejecutante. Si en vez de recuperar el dinero adeudado lo que prefiere es adquirir el bien inmueble, debe incorporarse como un postar más y pujar por la vivienda. En este caso se elimina el mecanismo de la mejora posterior por parte de ese ejecutante.

Además, se elevará el depósito para participar en la subasta hasta un 20% del valor de la subasta, con un mínimo de 1.000 euros, con el fin de penalizar el incumplimiento del compromiso de pago del precio ofrecido.