La Moncloa

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de las cuentas públicas de 2021 para que pueda iniciar su trámite parlamentario. Entre los principales cambios de los Presupuestos hay subidas de impuestos, nuevas figuras tributarias, un gasto social récord y el acuerdo entre los partidos del Gobierno de activar el control de los alquileres en toda España los próximos meses. Unas medidas que han provocado una oleada de críticas por parte de los expertos, a pesar de que el Ejecutivo insiste en que son necesarias para la reconstrucción económica. 

“Estos Presupuestos nacen en un momento en el que el mundo vive su peor pandemia de los últimos 100 años. Son unos Presupuestos esperados, necesarios e imprescindibles para la reconstrucción, el crecimiento económico y la creación de empleo y también para la cohesión social», ha explicado María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La titular de Hacienda también ha insistido en que «la mejora económica prevista para el año que viene tras la recesión de 2020, sumada a la llegada de los fondos europeos, a un incremento de la recaudación y a unas medidas de justicia fiscal, permiten crear unas cuentas expansivas».

Repasamos las grandes cifras de los Presupuestos del año que viene antes de que lleguen al Congreso. 

Las novedades de los PGE 2021

1. Sube el IRPF de las rentas altas. Las cuentas incluyen una subida de dos puntos de la base imponible general para para rentas del trabajo superiores a 300.000 euros. En el caso de las rentas del capital, el alza es de tres puntos para rentas superiores a 200.000 euros.

Hacienda asegura que esta medida viene respaldada por la OCDE y que afectará a poco más de 36.000 contribuyentes, pero permitirá recaudar 144 millones extra en 2021 y otros 346 millones un año más tarde. Es decir, más de 491 millones adicionales en el próximo bienio.

2. Sube el Impuesto de Patrimonio. El tipo aplicable a partir de 10 millones de euros pasa del 2,5% al 3,5%, y se establece la vigencia del impuesto de manera indefinida. Así, el Ejecutivo busca «garantizar que los que más tienen más aporten y avanzar en la seguridad jurídica al hacer permanente el tributo».

3. Sube el tipo de las primas de seguros. El tipo pasará del 6% al 8% y permitirá recaudar más de 500 millones en los próximos dos años. El Gobierno asegura que «el tipo no ha variado desde 1998 y España se sitúa en el tramo medio-bajo de la UE».

4. Sube el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas. El tipo pasará del 10% al 21% y supondrá un aumento de la recaudación de 400 millones de euros entre 2021 y 2022.

5. Se modifica el límite de las reducciones por las aportaciones a planes de pensiones del IRPF. Su impacto en las arcas públicas se dejará notar a partir de 2022, con un incremento de la recaudación de unos 580 millones de euros. En concreto, el límite conjunto de reducción (partícipe y empresa) sube de 8.000 a 10.000 euros, mientras que el límite de aportaciones máximas a planes individuales baja a 2.000 euros.

6. Cambios en el Impuesto de Sociedades. El Gobierno ha incluido en las cuentas la limitación al 95% de la exención de dividendos y plusvalías en filiales. La medida, cuyo objetivo es acercar el tipo nominal al efectivo con una medida que actualmente aplican países como Francia, Alemania o Italia, supondrá unos 1.100 millones de euros extra en los próximos dos ejercicios y afectá a unas 1.700 empresas. Durante 3 años, las empresas con facturación inferior a 40 millones pueden seguir aplicando la exención del 100%. 

7. Suben los impuestos al diésel. Con el fin de acercar la tributación del diésel a la gasolina
y fomentar la bautizada ‘fiscalidad verde’, se reduce la bonificación hasta 38 euros por cada 1.000 litros.»Ello supone 3,45 euros/mes para un consumidor medio», explica el Gobierno, que cifra en 500 millones de euros el impacto recaudatorio. El tipo estatal pasa de 30,7 a 34,5 céntimos por litro.

8. Impuestos a los envases de plástico, las transacciones financieras y determinados servicios digitales. Estas subidas tributarias que ya estaban sobre la mesa permitirán recaudar en conjunto más de 2.300 millones de euros en 2021.

9. Suben los impuestos a las socimis. Las sociedades de inversión inmobiliaria tendrán que tributar por los beneficios que no repartan a sus accionistas vía dividendo. La medida no tendrá impacto en 2021 (ya que en dicho ejercicio las retribuciones se basarán en las ganancias del año en curso), aunque en 2022 supondrán otros 25 millones de euros.

10 Suben las pensiones y el sueldo de los empleados públicos. El proyecto de los Presupuestos incluye una revalorización de las pensiones del 0,9% para el año que viene, lo que, según el Gobierno, permtirá que 9,76 millones de pensonistas aumenten su capacidad adquisitiva ante la previsión de que la inflación cierre el año en el 0%. En el caso de las pensiones no contributivas (por ejemplo, las de viudedad), el alza alcanzará el 1,8% (y beneficiará a casi medio millón de personas), mientras que el sueldo de 2,5 millones de empleados públicos crecerá lo mismo que las pensiones (0,9%).

11. Más presupuesto para políticas de salud, vivienda y desempleo. La sanidad contará con 7.330 millones de euros, 3.149 millones más, mientras que las políticas para fomentar el empleo tendrán casi un 30% más de presupuesto. Las políticas de vivienda, por su parte, contarán con más de 2.250 millones para promover el alquiler y fomentar la construcción y rehabilitación. Supone una mejora del 25%, aunque lo cierto es que la mayor parte del presupuesto se corresponde con los fondos europeos (más de 1.600 millones).

La vivienda es, de hecho, la sexta área que recibirá más dinero procedente de Europa. Según el reparto diseñado por el Gobierno, se llevará un 6,2%, menos que la sanidad, la educación, la digitalización o la industria y la energía, rama que lidera el ranking con un 21,1% de las ayudas comunitarias.

12. Incremento del IPREM. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que sirve de referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o subsidios, se incrementa un 5%. Según el Gobierno, es el mayor repunte desde que se creó en 2004.

Las grandes partidas presupuestarias

Como viene siendo habitual, las pensiones, el desempleo y el pago de los intereses de la deuda son tres de las partidas más destacadas en los Presupuestos. Y las cuentas de 2021 contemplan «el mayor gasto social de la historia».

Para pagar las pensiones, el Gobierno ha reservado casi 163.300 millones de euros, un 3,2% más respecto al Presupuesto base de 2020; mientras que destinará más de 25.000 millones al pago de las prestaciones por desempleo (un 25% más). En el caso de los intereses de la deuda, el montante ronda los 31.700 millones, lo que supone un 0,4% más. El gasto en personal también está entre las partidas más elevadas, con unos 18.600 millones de euros, lo que se traduce en un incremento superior al 4%.

En lo que se refiere a las partidas donde más crecerá el gasto destacan las de industria y energía; comercio, turismo y pymes; infraestructuras y ecosostemas resilientes, con incrementos superiores al 100% gracias a la inyección de los fondos europeos. Pero si hay una partida que destaca en este campo esa es la de vivienda, donde las dotaciones se van a disparar casi un 370% gracias a la ayuda comunitaria.

También destaca otras partidas como la de las becas, las ayudas a la dependencia y la lucha contra la pobreza infantil. El Ejecutivo asegura que las cuentas del año que viene se incluye la mayor partida para becas de la historia (2.090 millones de euros, 514 millones más), así como una financiación récord para la dependencia. En el caso de la lucha contra la pobreza infantil, el presupuesto se aumenta un 59% y se destinarán 3.000 millones para garantizar el cobro del Salario Mínimo Vital (SMI), tras el caos en la gestión que se ha producido en sus primeros meses de puesta en marcha.

Críticas a las subidas de impuestos y al control del alquiler

Muchas voces del mundo económico se han alzado contra los planes del Gobierno de elevar los impuestos en un momento de incertidumbre como el actual. Entre los últimos organismos que se han opuesto a los cambios impositivos están la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE). 

A pesar de que el Ejecutivo insiste en la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal para adecuar la situación de España a la del resto de Europa, las principales críticas de los expertos se centran en recalcar que la carga fiscal en nuestro país ya es excesiva y que las subidas tributarias serán un lastre para la recuperación económica y para la generación de empleo. 

En lo que se refiere al alquiler, la principal novedad es que el acuerdo entre PSOE y Podemos para sacar adelante los Presupuestos incluye la regulación de los precios del alquiler en toda España a principios de 2021. Una medida que implantó Cataluña en septiembre y que prevé dar margen a comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan poner topes a los precios en zonas tensionadas y en momentos específicos.

En este sentido, desde idealista explican que “nuestra apuesta sigue siendo por medidas que incentiven la aparición de más producto en el mercado, dejando de lado cualquier política coercitiva o punitiva. La situación vivida por el mercado del alquiler en nuestro país ha puesto de manifiesto la clara relación entre la oferta y la demanda. Ante un aumento del producto disponible (las viviendas en alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona se han duplicado desde el mes de marzo) la tendencia alcista se revierte y los precios bajan, sin ninguna intervención pública”.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), por su parte, considera que “esto no es una regulación, es una intervención del mercado en toda regla. Una medida puramente ideológica, como ya veníamos avisando, contraria al libre mercado de alquiler, donde los pequeños propietarios particulares, que son más del 90% del sector, se van a ver perjudicados y muchos de ellos preferirán cerrar sus viviendas al alquiler”. Y añade que «el mercado del alquiler se está autorregulando ante el aumento considerable de la oferta de viviendas que se están incorporando al mercado y la ralentización de la demanda. Hoy sabemos, sobre todo en el último trimestre del año, que los precios de los alquileres han caído entre un 10 y un 15% en comparación a los dos últimos años”.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) también se ha querido pronunciar al respecto y sus argumentos siguen la estela del resto del sector. «El acuerdo entre los dos partidos del Gobierno para poner en marcha una regulación de los precios del alquiler residencial supone una mala noticia para el mercado. Este tipo de regulación conseguirá un efecto opuesto al deseado: reducirá la oferta de vivienda en alquiler y dificultará el acceso a la vivienda para los colectivos sociales con menos recursos, más si cabe en el actual contexto de crisis económica. Ya se están observando caídas de precios en el mercado, por lo que carece de sentido regular ahora», explica el organismo, que añade que la medida «no soluciona el problema estructural que sufre España: la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible. Además, supone un golpe a la seguridad jurídica de los operadores del mercado, la amplia mayoría de ellos familias, que afectará a las inversiones futuras en el parque de vivienda». 

Ante la lluvia de críticas y mensajes de alarma, la ministra de Hacienda ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al sector y le ha pedido calma hasta conocer la letra pequeña de a iniciativa que anunciará próximamente José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.