El precio de la electricidad es uno de los grandes caballos de batalla de cada gobierno de turno, mientras los consumidores luchan por ahorrar unos euros a una factura de la luz cada año más cara. Mientras en cada casa se cuadran las cuentas con electrodomésticos cada vez más eficientes y se consumen en las horas con la electricidad más barata, el Ejecutivo intenta bajar el coste del recibo antes del invierno suspendiendo varios impuestos directos.

El precio de la electricidad se ha incrementado un 26% entre 2010 y 2017 hasta los 217,17 GWh, según un estudio elaborado por el EAE Business School, a un 4% de promedio anual. España es el sexto país con la electricidad más cara de Europa con un precio de 0,21 euros/kwh, de los que el 17,6% corresponde a impuestos. Alemania lidera la clasificación con 0,30% euros/kwh, de los el 54% corresponde a impuestos.

Solo el pasado 15 de octubre, el precio de la electricidad volvió a alcanzar máximos, cuando llegó a los 78,89 euros el megavatio/hora (MWh). El coste de la electricidad viene marcado por distintos factores que luego se reflejan en la factura final al consumidor. Solo el año pasado, el coste de generar la energía eléctrica supuso el 28% del total, un 30% representó el transporte frente al 42% que supusieron los costes de comercialización, impuestos y tasas.

La generación de energía sigue siendo cara porque el peso de las energías renovables todavía es muy poco relevante. Por ejemplo, solo la energía eólica ha llegado a alcanzar el 4% de cuota de producción mundial.

“El sistema eléctrico español está sufriendo un incremento progresivo en sus precios por varios motivos. En primer lugar, la importancia de los costes de comercialización y otros recargos. Por otro, algunos desajustes en la capacidad de generación donde se está produciendo un choque entre la capacidad real de producción renovable con su disponibilidad real. Ello unido a la reducción de capacidad en algunas fuentes convencionales está obligando a utilizar, más de lo que fuese deseable, unidades de producción de mayor coste marginal, lo que incrementa el precio de producción del sistema e incrementa la ineficiencia en términos de emisiones de CO2”, según el profesor Miguel Morales, autor del estudio.

Ante esa subida incontrolada de los precios, el Gobierno ha decidido actuar sobre la parte que le toca: los impuestos. En el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, suspende durante seis meses el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012. Además, introduce una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el llamado ‘céntimo verde’.

Según sus cálculos, la factura de la electricidad a final de 2018 podría experimentar una subida del 3,6% respecto del año anterior, si no se aplican estas medidas. Para evitar que esta caída de los ingresos vía peajes y cargos a los consumidores, se introduce la posibilidad de que el superávit de los ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado a los desajustes entre ingresos y gastos que se pudieran producir entre 2018 y 2019.

Otra de las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez para rebajar la factura de la luz pasa por permitir contratar la potencia en múltiplos de 0,1 para ajustar las necesidades de consumo. Hasta ahora, la contratación únicamente se hacía por términos de potencia de 1,1 kilovatios. Casi el 40% de los hogares tenía una potencia contratada entre 4 y 6 kilovatios, según el Ministerio para la Transición Ecológica, que calcula que un cambio de potencia de 0,5 kW puede suponer unos 26 euros de ahorro anual en la factura.

A la ampliación del plazo para solicitar el nuevo bono social para la luz, que se amplía con el bono social para la calefacción, también hará hincapié en informar sobre las tarifas de discriminación horaria a las que puede acceder cualquier usuario que tenga contratada la tarifa regulada, oficialmente el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC).

Hay 11,1 millones de usuarios adscritos al PVPC, de los que solo 660.000 se benefician de las tarifas de discriminación horaria: punta, valle y supervalle. Según cálculos del Gobierno, el cambio a alguna de estas tarifas puede suponer unos 20 euros al año. Una cifra que puede aumentar si se tienen en cuenta las decisiones de consumo.

Esto por la parte del Gobierno, pero para el usuario también le toca hacer los deberes en cuanto a consumo de energía para conseguir ahorrar en sus costes. Según kelisto.es, aplicando medidas de eficiencia energética se pueden conseguir un ahorro de hasta 200 euros.

Las medidas esencialmente eléctricas pasan por sustituir bombillas tradicionales por otras de bajo consumo o por lámparas LED; contar con electrodomésticos de máxima eficiencia energética (A+, A++ ó A+++) o evitar el stand-by de los electrodomésticos.

Hay otras medidas encaminadas a mejorar la calidad de tu hogar como sellar puertas y ventanas, ya que hasta un 30% del calor de un hogar se pierde por las ventanas; o instalar termostatos y temporizadores en los aparatos de calefacción.