Airbnb / pixabay.com

Airbnb / pixabay.com

Una veintena de ciudades entre las que se encuentran Paris, Barcelona o Valencia han pedido a la Comisión Europea revisar la regulación de las plataformas de alquiler de pisos turísticos como Airbnb. Representantes de estas urbes consideran que estas compañías tienen un impacto “nefasto” sobre el mercado de la vivienda y por eso reclaman a Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la CE, una mayor vigilancia sobre sus actuaciones, según La Información.

Entre las propuestas publicadas por el Ayuntamiento de la capital francesa destacan tres: poder obtener de plataformas y propietarios datos fiables que permitan un control eficaz, que las plataformas se responsabilicen de los contenidos que muestran y que se les obligue a cumplir las obligaciones impuestas por las legislaciones locales. En este sentido, las grandes metrópolis de Europa aseveran que es muy complicado lucha contra los alquileres ilegales, porque estas plataformas de arrendamientos turísticos no comparten su información con las administraciones locales. Además, las 20 ciudades acusan al marco legislativo de estar obsoleto, porque se realizó antes del ‘boom’ de la economía digital.

 «Nuestras ciudades reconocen que el turismo constituye una fuente importante de ingresos y empleo para muchos y no se oponen a este nuevo tipo de alquileres. Sin embargo, los alquileres turísticos de apartamentos privados solo pueden tener lugar de forma responsable a menos que esté en marcha la legislación necesaria», afirma una nota firmada por representantes de ciudades tan importantes como Ámsterdam, Atenas, Berlín, Bruselas, Florencia, Londres, Milán o Viena.

Los firmantes consideraron que la futura Ley de Servicios Digitales, prevista de aquí a finales de año, «representa una oportunidad sin precedentes» para que la CE afronte esa «creciente problemática», que a su juicio ha afectado tanto a la oferta como a los precios del resto de alojamientos.

Aquí, en España, el Ministerio de Hacienda pretende retomar la batalla con el fin de obligar a las plataformas de alquiler de facilitar la citada información fiscal. De momento, la Dirección General de Tributos no ha adoptado una decisión definitiva sobre cómo y cuándo hacerlo, anuncia El Independiente. No obstante, insisten en que no retirará formalmente de su web la obligación de información de los portales hasta que la sentencia no sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Pese a que la AEAT mantenga el mensaje en su web, la sentencia deja claro que las plataformas no están obligadas a dar los datos correspondientes al tercer trimestre del año.