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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afirma que en el segundo trimestre de 2020 se registraron 757 demandas por okupación de viviendas particulares, mientras que en el mismo periodo del pasado ejercicio el número de denuncias fue de 953, según recoge Cinco Días. Un descenso del 20% que se produce en los meses posteriores al confinamiento de la población provocado por la aparición del coronavirus.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ocupa el primer puesto en este ranking con un total de 236 denuncias. Detrás se sitúa Cataluña con 141 demandas, Comunidad Valenciana con 88 y Madrid con 80. La Rioja, Asturias y Navarra son las menos afectadas con menos de cinco denuncias cada una.

Cabe recalcar en este sentido que estos procedimientos sólo corresponden a las viviendas que pertenecen a personas físicas, dejando fuera a entidades públicas, bancos o fondos de inversión, según especifica el CGPJ. Han bajado también los asuntos resueltos: de 449 en abril, mayo y junio de 2020, a 772 que se solventaron en el mismo periodo del ejercicio anterior. De esta forma, los juzgados han dejado en trámite 2.538 asuntos, de los 1.555 que quedaron pendientes en el segundo trimestre de 2019.

De todos modos, el informe del CGPJ recuerda que el coronavirus paralizó casi la total de la justicia en España durante el confinamiento, excluyendo los casos de urgencia que siguieron tramitándose. Este colapso de la Justicia podría no estar reflejando la realidad que hace un mes denunció la Policía y las empresas de desokupación sobre el aumento de esta actividad en segundas residencias en la costa.

Una práctica que se detectó el año pasado durante los dos meses previos al comienzo de verano y que la situación generada por el coronavirus ha agravado en 2020, según señalan fuentes policiales.

“Esta tendencia de okupar las casas en la playa, que en muchos casos son segundas residencias, es algo que ya se pudo observar el año pasado. De hecho, se produjo un incremento muy importante de esta actividad ilegal y nos dimos cuenta porque aumentó el número de denuncias con respecto a la okupación de este tipo de activos. En este sentido, observamos que uno o dos meses ante del verano de 2019 se comenzaron a okupar muchas viviendas”, afirma a idealista/news Alfredo Perdiguero, subinspector del Cuerpo Nacional de Policía.

Lo que ha ocurrido este ejercicio es que la moda de okupar segundas residencias durante marzo y abril se ha acrecentado por el estado de alarma provocado por el covid-19. Una medida que redujo la movilidad entre provincias durante el tiempo que ha permanecido vigente el confinamiento. “Este año ha habido muchas más casas vacías y se han podido okupar más, pero no sólo apartamentos en la playa, sino también chalets de lujo en la costa. El problema es que es complicado la diferenciación que hace la ley de casa no habitada, de casa de un banco, de casa de una persona que no vive en ella…”, explica Perdiguero.