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El Gobierno está acelerando las transferencias económicas para que las ayudas a la rehabilitación procedentes de los fondos europeos puedan otorgarse cuanto antes. Y según explica Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en una entrevista al portal Caloryfrio.com, es probable que estén disponibles para las comunidades de propietarios a principios del nuevo año. 

«Ahora estamos en un momento intermedio en el que ya se pueden aplicar las deducciones fiscales, con lo cual ya tienen ahí una seguridad de base y las ayudas directas se pondrán en marcha probablemente en el primer trimestre de 2022, dependiendo de cada comunidad autónoma que irá sacando sus convocatorias. Si en la propia comunidad propietarios hay el suficiente conocimiento, en el momento en que se convoquen las ayudas, podrá solicitarla a la comunidad autónoma que corresponda», explica Martín.

Se trata de ayudas que se aplicarán a través de convocatorias públicas de las diferentes autonomías y que permiten en términos generales subvencionar hasta el 80% del coste de las obras de actuación, con un límite de 18.800 euros por vivienda. 

Ya están vigentes las ayudas fiscales

De momento, las únicas ayudas a las que ya pueden acceder las comunidades de propietarios son las bonificaciones fiscales que incluyó el Gobierno en la normativa que regula las ayudas de los fondos europeos para mejorar la eficiencia energética de viviendas y edificios. Unas medidas recogidas en el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, y cuyo texto íntegro ya salió publicado en el BOE.

El plan del Gobierno pasa por impulsar más de medio millón de actuaciones hasta primavera de 2026, con el objetivo de mejorar la eficiencia del parque inmobiliario en España y acercar la actividad rehabilitadora a los niveles de los países del entorno. Y para ello ha activado varias medidas, entre las que destacan unas deducciones fiscales que entran en vigor este mismo año, y para las que el Gobierno destinará 450 millones de euros. 

Además de las deducciones que existen para rehabilitar viviendas de forma individual, los contribuyentes propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso predominante residencial en el que se hayan llevado a cabo obras de rehabilitación energética desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, podrán deducirse el 60% de las cantidades satisfechas durante dicho período por tales obras, hasta un máximo de 15.000 euros.

Según la normativa, «tendrán la consideración de obras de rehabilitación energética del edificio aquéllas en las que se obtenga una mejora de la eficiencia energética del edificio en el que se ubica la vivienda, debiendo acreditarse con el certificado de eficiencia energética del edificio expedido por el técnico competente después de la realización de aquéllas una reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30% como mínimo, o bien, la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación, respecto del expedido antes del inicio de las mismas. Se asimilarán a viviendas las plazas de garaje y trasteros que se hubieran adquirido con estas. No darán derecho a practicar esta deducción por las obras realizadas en la parte de la vivienda que se encuentre afecta a una actividad económica». 

La deducción se practicará en los períodos impositivos 2021, 2022 y 2023 en relación con las cantidades satisfechas en cada uno de ellos, siempre que se hubiera expedido, antes de la finalización del período impositivo en el que se vaya a practicar la deducción, el citado certificado de eficiencia energética.

En términos generales, la normativa establece que «se considerarán como cantidades satisfechas por las obras realizadas aquellas necesarias para su ejecución, incluyendo los honorarios profesionales, costes de redacción de proyectos técnicos, dirección de obras, coste de ejecución de obras o instalaciones, inversión en equipos y materiales y otros gastos necesarios para su desarrollo, así como la emisión de los correspondientes certificados de eficiencia energética».

En todo caso, aclara, “no se considerarán en dichas cantidades los costes relativos a la instalación o sustitución de equipos que utilicen combustibles de origen fósil. Tratándose de obras llevadas a cabo por una comunidad de propietarios la cuantía susceptible de formar la base de la deducción de cada contribuyente vendrá determinada por el resultado de aplicar a las cantidades satisfechas por la comunidad de propietarios a las que se refiere el párrafo anterior, el coeficiente de participación que tuviese en la misma”.

La figura del agente rehabilitador

A la hora de optar a las ayudas directas, el Gobierno recomienda a las comunidades que busquen ayuda en los agentes rehabilitadores, profesionales que les asesorarán sobre qué tipo de actuaciones son más idóneas en su caso y cómo acceder a las subvenciones. 

«Lo más sencillo es que traten de ponerse en contacto con alguno de estos agentes de la rehabilitación a través de colegios profesionales, de asociaciones sectoriales o de las oficinas de rehabilitación que se van a poner en marcha en los próximos meses, incluso ya están funcionando en muchas comunidades autónomas. Este es el primer sitio donde tienes que ir a preguntar cómo tienes que hacer e informarte sobre posibles agentes de la rehabilitación a los que acudir. Pero también se están llegando a acuerdos ahora mismo con colegios profesionales para que estos ejerzan como oficinas de rehabilitación, den información y canalicen un poco ese proceso», explica Martín en la entrevista. 

«Lo importante es tratar de localizar un agente de la rehabilitación que genere confianza y credibilidad y ponerse en sus manos, porque él va a ser capaz de hacer todo ese papeleo, de estar pendiente de la convocatoria, de elaborar los documentos técnicos que hagan falta y es el que tiene que ir dando los pasos y proponiendo a la comunidad de propietarios que simplemente tenga que tomar las decisiones, valorar lo que le presenta, las alternativas que tiene y decidir», añade. 

El responsable de Vivienda y Suelo del Mitma recuerda, por ejemplo, que el Ministerio de Transición Ecológica también tiene ayudas para instalar puntos de recarga de vehículos y de edificios y que son complementarias a las de la rehabilitación. 

«Hay veces que las diferentes líneas de ayudas, incluso municipales, que muchas veces están ya convocadas, las tiene que percibir y gestionar alguien que se dedique a eso. Es muy difícil que una comunidad de propietarios tenga la capacidad, el tiempo y la dedicación para poder montar ese puzle», sostiene Martín.

La rehabilitación integral, la que más ahorro genera

En la entrevista, el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) también recuerda que «cuando actúas en el edificio completo pedimos como requisito el conseguir un mínimo de ahorro en consumo de energía no renovable del 30%. Pero si el edificio en combinación con el clima es capaz de llegar a un ahorro del 60%, por ejemplo, vas a tener mucho más porcentaje de ayuda y más volumen de ayuda», pero insiste en la necesidad de hacer un análisis técnico para determinar el ahorro máximo que puede alcanzar cada edificio.

«Si tu edificio puede llegar a un 60% de ahorro en consumo, que eso implica, por ejemplo, intervenir en la fachada, intervenir en cubierta, intervenir en instalaciones, es decir, una rehabilitación ya compleja pero que no afecte al interior de las viviendas. En este caso el volumen de ayudas va a ser hasta del 80% de la inversión con un con un límite máximo de ayuda de unos 19.000 euros. Si el ahorro en el consumo es más pequeño, es solamente de un 30% vas a poder tener un 45% de ayuda en la rehabilitación de tu vivienda. O si logras el 45%  de ahorro, tendrás un 60% de ayuda», recalca Martín.

Ayudas y toma de decisiones

Una de las medidas más destacadas es la puesta en marcha de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 1.100 millones de euros, que servirán para que el Estado avale a las comunidades de propietarios con menos recursos, pero que necesiten rehabilitar las viviendas.

Además, se podrán subvencionar en términos generales hasta el 80% del coste de las obras de actuación, aunque con límites en función de los ahorros de consumo de energía alcanzados en los edificios rehabilitados (el máximo es 18.800 euros por vivienda). No obstante, en los casos de vulnerabilidad la subvención podría llegar al 100%. 

Otra de las novedades que incluye la normativa es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con el objetivo de «facilitar a las comunidades de propietarios la toma de decisiones para la rehabilitación energética de edificios y de viviendas. Siempre se ha dicho que uno de los principales elementos de resistencia y de obstáculos era la Ley de Propiedad Horizontal, y por eso hoy lo hemos modificado en el real decreto», ha detallado Sánchez. 

Los expertos ya alertaban de la necesidad de reformarla para dotar a las comunidades de personalidad jurídica y fomentar la financiación (ahora los préstamos a comunidades de propietarios sólo cuentan con la garantía personal de cada uno de los vecinos), y también para cambiar el obsoleto régimen de mayorías. De hecho, el Gobierno ya dejó abierta la puerta a una modificación en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020). 

La novedad es que se modifica el régimen aplicable a las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en el conjunto del edificio, estableciendo un régimen de mayoría simple para la realización de tales obras, así como para la solicitud de ayudas y financiación para ello. Y también se refuerza la capacidad de actuación de comunidades de propietarios para el acceso al crédito para obras de rehabilitación y mejora de los edificios, a través de una modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, con objeto de que tengan plena capacidad jurídica para la formalización de los créditos a la rehabilitación o mejora de los edificios, y así favorecer su acceso a la financiación.