Fuente: Sindicato de Inquilinos

Fuente: Sindicato de Inquilinos

Las inmobiliarias catalanas se defienden ante el Sindicato de Inquilinos. Las Apis y el Consejo de Colegios de Cataluña salen en defensa del sector en una carta dirigida a Jaime Palomera y su asociación y exigen que no se cuestione ni su «profesionalidad» ni su «empatía» con los más vulnerables. “Vuestra representación sectorial no está ni acreditada ni se conoce más allá del ruido mediático que hacéis”, dicen.

Lo primero que se analiza de esta carta es la crítica a la coalición de izquierdas: les tienen que responder vía medios de comunicación porque en la denuncia «no consta ninguna dirección». También aclara que Colegio y Consejo de Colegios son dos corporaciones de derecho público distintas, por lo que el Sindicato se dirigió a «un colegio inexistente». 

Respecto al contenido de la carta, ambas organizaciones explican al sindicato que “no han participado en ningún debate en cuanto a la Ley 11/2020 de contención de los alquileres en Cataluña, que está siendo examinada por el Tribunal Constitucional, pero que de haberlo hecho, “no habría sido con el Sindicato de Inquilinos, ya que se han atribuido una representación sectorial que no acreditan ni se conoce más allá de los medios de comunicación”.

Desde los API subrayan que no pudieron participar en la polémica ley catalana de alquileres «porque esta se tramitó por lectura única», algo que, siendo la vivienda el objeto de legislación, «no debería haber ocurrido jamás». Desde el Colegio y Consejo piden un debate amplio, pero no solo con el sindicato, «que se erige en representante de no sabemos quién, excepto de sus asociados, si es que están constituidos bajo alguna forma jurídica concreta». 

Ambos representantes del negocio inmobiliario en Cataluña hacen hincapié en que la norma no se desarrolla en el marco de la «seguridad jurídica». Y se dan «falsas interpretaciones de esta» que dirimirán, si es preciso, «los tribunales». «No se debe cuestionar la profesionalidad y transparencia de nuestros miembros», piden desde ambas instituciones, “y mucho menos poner en duda la empatía y sensibilidad de los API frente al problema de vivienda”, ya que siempre «se ha defendido dar respuesta a la dificultad del acceso a la vivienda de colectivos vulnerables».

Para finalizar su carta, el Colegio y el Consejo se ponen a disposición del sindicato por si la plataforma «tuviera quejas fundamentadas y documentadas».