Nuevo capitulo en el caso de Esther Argerich, la propietaria que durante meses fue acosada por el Sindicat de Llogeters y que fue señalada por varios líderes de Podemos como Irene Montero, entre otros, en redes sociales. Tras meses defendiendo su caso e intentando recuperar su piso de Travessera de Gracia de Barcelona, okupado por los arrendatarios que no quisieron atender a la subida de precio que la propietaria les pedía tras 10 años sin subirles el alquiler y de hecho habiéndoles bajado la renta en 2009. Ahora la propietaria ha decidido demandar a Juan y Lívia (inquilinos del piso) así como a Pablo Ruíz de la Oficina de Vivienda Popular de Gràcia y a Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters, acusándolos de coacción y amenaza.

La denuncia interpuesta en primavera por Argerich en el Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona se ha materializado esta mañana, con la citación de los cuatros acusados. Frente a la Ciudad de la Justicia de Barcelona han estado algunos de los simpatizantes del sindicato para apoyar a los inquilinos, si bien la concentración no ha sido masiva, unas 30 personas según ha podido comprobar idealista/news.

El pasado octubre, Esther Argerich habló en exclusiva con idealista/news para explicar su caso. En él relató el acoso que estaba recibiendo por el Sindicat de Llogaters desde hacía más de un año. “Fue el 4 de octubre de 2018, apenas unos días antes de que tuvieran que abandonar el piso los inquilinos, cuando recibimos la primera carta del Sindicat de Llogaters pidiendo negociaciones. Se lo comunicamos a la inmobiliaria y no le dieron importancia”. “Puedes estar tranquila, es una asociación que intenta bajar el precio, pero no pueden obligarte a nada”, aseguraron desde la inmobiliaria.

“No le di importancia, pero el 31 de octubre se presentó el sindicato en la puerta de la inmobiliaria que gestionaba el alquiler con pancartas, folletos y con maneras violentas, haciendo cómplices a esta empresa de lo que ellos estaban viendo como un abuso hacia los inquilinos”, explica la propietaria.

Argerich también narró algunos episodios desagradables a los que tuvo que hacer frente: “Este año el acoso del sindicato ha sido constante y enfermizo: en marzo se personaron en la puerta de mi edificio y dejaron octavillas por los buzones de todos los vecinos y por el suelo donde se podía leer que el trato que le estaba dando a mis inquilinos era inhumano”, dice Argerich con cara de incredulidad.

Ese mismo mes Esther Argerich vio cómo algunos integrantes del Sindicat de Llogaters se desplazaron a la puerta del edificio donde ella trabaja con pancartas con su nombre. “Esto ya me obligó a poner una denuncia por las coacciones a las que estaba siendo sometida”, asegura la propietaria, que añade que tuvo que coger varias bajas laborales a causa de cuadros de ansiedad. “A finales de marzo volvieron, pero esta vez con cámaras de TV3 (canal de televisión español de ámbito autonómico que emite en Cataluña)”.

“Recuerdo que empezaron a llamar a mi trabajo, a mi extensión y a las de mis compañeros, explicando su versión de la historia; días más tarde me encontré carteles pegados por todo el recorrido que hago desde donde vivo hasta donde trabajo, una pesadilla”, dice.

Jaime Palomera no ve acoso

“Si el gobierno no regula el precio de la vivienda y no evita los desahucios, tiene que ser la propia ciudadanía la que se plante y abra negociaciones con los arrendadores”, explicaba hoy frente a la Ciudad de la Justicia de Barcelona Jaime Palomera, portavoz del sindicato. “Hay veces que nos encontramos casos tan extraños como este, en los que no sólo se está echando de casa a una familia que pagaba su alquiler de manera religiosa, si no que se le denuncia en el momento en que quería abrir una vía de negociación”, asegura.

“Esto sólo hace darnos fuerzas: seguiremos luchando por regular los precios del alquiler y, frente a estas amenazas y denuncias, los que defendemos los derechos humanos nos haremos más fuertes”, dice el representante.  Palomera también dice que “es la primera vez” que se ven en envueltos en un caso así, asegurando que “la negociación era pacífica”.

El representante también ha dicho que “si nos imputan, imputan al 99% de la ciudadanía que quiere alquileres asequibles”. “La voluntad de la propietaria con esta demanda es frenar el movimiento de derecho por la vivienda, hay intereses en que lo dejemos de hacer y este tipo de denuncias buscan pararnos, pero deben tener claro que no lo van a conseguir”.

Finalmente, Palomeras ha dicho que el próximo 10 de diciembre está previsto que se vuelva a llevar a cabo el desahucio del piso de Travessera de Gràcia (el segundo intento) si bien desde el Sindicat de Llogaters están organizándose para volver a frenarlo.