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La compañía participada por el Banco Santander con casi un 25% y que realiza la mayor parte de su actividad en Cataluña ha cargado contra la Ley catalana que busca limitar el precio del alquiler en la región. “Es de dudosa constitucionalidad y le auguramos un corto recorrido”, afirma la compañía en sus cuentas anuales recogidas por Merca2.

Cabe recordar que el ataque el mercado del alquiler catalán se escenificó el pasado mes de septiembre cuando el Parlament aprobó la Ley 11/2020 que hacía efectiva la limitación del precio de los alquileres en Cataluña. A pesar de todo, Cevasa afirma que esta medida ha tenido “una escasa repercusión en términos cuantitativos”, porque está la compañía está más centrada en las viviendas de protección oficial.

Aunque no le haya afectado, la promotora no ha dudado a la hora de criticar esta Ley en sus cuentas anuales. “El recorrido de esta Ley que probablemente será corto”, explican. Un pronóstico que se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de enero de 2021 que tumbó el primer decreto aprobado en 2019.

La compañía agrega que a su parecer la medida está muy lejos de ser la mejor solución para el alza de los precios del alquiler. La promotora advierte de que “intervenir de forma tan drástica en el mercado” lo único que provoca “es inseguridad, falta de confianza y reducción de la actividad y la oferta”.

Pero Cevasa no se queda sólo en las críticas a la Ley, sino que además señala directamente a los culpables: los políticos. “La aparición de tales decretos y otros cambios importantes legislativos son en gran parte consecuencia de la presión de algunos partidos políticos”, aseveran. En este punto, es importante resaltar que la principal impulsora de esta medida fue la consellera de Justicia de ERC, Ester Capella. Los votos de los diputados de los comunes y la CUP junto a ERC fueron los que hicieron posible que las limitaciones fueran una realidad.

Además, la compañía explica otros errores de la Ley. En concreto, considera que “prima los pisos de poca superficie y castiga a los de mayor superficie”. En este sentido cree que los criterios “no son claros” y que en algunos casos los pisos periféricos “valen lo mismo” que pisos más cotizados”.