Un asunto tan recurrente como cerrar el balcón, la terraza o el bajo se ha convertido en tema de debate en Salamanca. La denuncia de un vecino a otro por el cerramiento produjo que el sancionado ‘revelara’ al Ayuntamiento más de 300 obras ilegales por toda la ciudad. 800 vecinos que se enfrentan a multas entre 1.000 y un millón de euros.

Una denuncia de un vecino sobre otro vecino del mismo bloque de viviendas que cerró su bajo en el patio interior para ampliar espacio ha levantado la liebre sobre la política urbanística en Salamanca, y no ya solo de la propia administración sino de los propietarios y vecinos de la ciudad salmantina.

Un pique de lo más normal, ya que el vecino denunciado se enteró de que tenía que derribar la obra y además de pagar una sanción de 18.200 euros, se preguntó: “¿Y por qué yo? Pero, si el de al lado lo tiene igual”.

Según la legislación autonómica, no se puede hacer obras en los balcones o patios si no figuran en la escritura de la vivienda. En 2014, la norma se cambió y permitió que los casos anteriores a 2014 prescribieran. Sin embargo, a partir de ese año, se establecieron sanciones según la gravedad del caso: 4 años para la leve, 8 año si era grave y 10 años si son graves. En caso de no acreditar que la obra de cerramiento se produjo antes de 2014, se pueden enfrentar a multas que van de los 1.000 euros al millón de euros.

Pues con papel y bolígrafo en mano, este vecino agraviado ha presentado unas 300 denuncias que afectan a 800 vecinos que se encuentran en su misma situación.

A partir de esta situación, el Ayuntamiento de Salamanca ha creado un grupo de expertos para que estudie los cerramientos que existen en la ciudad, a petición de la oposición.