Archivo - Imágenes de recurso de una autopista de peaje

Europa Press

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha respaldado la propuesta del Gobierno de introducir peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, tras constatar que la inversión pública que destina el Estado a las carreteras no es suficiente para asegurar su mantenimiento.

La aplicación de peajes en todas las autovías del país es una propuesta del Gobierno, que se basa en los principios de «quien contamina paga» y «el que usa paga», a través de una escala progresiva y escalable. Antes de implementar la medida, el Ejecutivo quiere buscar un amplio acuerdo social, político y sectorial, y no descarta que el pago por uso se extienda a la totalidad de las carreteras en el futuro.

«Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras», afirma el Plan de Recuperación remitido a Bruselas a finales de abril. 

A pesar de que no existe un plan cerrado, fuentes del Ejecutivo afirman que de momento se está valorando la implantación de un pago de un céntimo por kilómetro. Es decir, un trayecto Madrid-Valencia (de unos 350 km), supondría el pago de 3,5 euros. 

Detrás de la propuesta están los elevados costes de conservación de las carreteras de alta capacidad (unos 12.000 km en España, la red más extensa de Europa) y la imposibilidad de que sean asumidos mediante dinero público.

En este sentido, la CNC recuerda que, debido a los recortes acometidos en la última década en todos los ámbitos de la economía para sanear las cuentas públicas, el presupuesto destinado a la conservación y seguridad vial se ha visto reducido en un 76%.

Estos recortes han provocado un déficit en el mantenimiento de las carreteras que ya ronda los 7.500 millones de euros, importe que se baraja ahora como el mínimo de inversión que necesitarían las vías para ponerlas a punto.

El abandono de la conservación de las carreteras, cuyo presupuesto compite actualmente con el resto de partidas presupuestarias, como las pensiones o el sistema de sanitario, ha supuesto que las carreteras presenten deterioros graves en más del 50% de la superficie del pavimento, según datos de la CNC.

«Además, las perspectivas no son halagüeñas debido, sobre todo, a la limitación de uso de los recursos públicos y al repunte en las partidas de gasto social como son las prestaciones por desempleo o las pensiones, entre otras. Hechos que provocarán que la deuda pública se sitúe en el 116,9% a finales de 2022 y el déficit, en el 5%», argumenta la patronal.

Ante esta situación, la organización propone que con la recaudación de esta tasa se constituya un fondo exclusivo de uso para infraestructuras viarias y de transporte que permita acabar con el déficit y realizar acondicionamientos puntuales, minimizar las emisiones contaminantes CO2, crear carriles reservados, reducir el número de accidentes y adaptar las vías a la nueva movilidad que está por llegar.

En paralelo, cree que también contribuirá a reducir las desigualdades que se han generado a nivel territorial, puesto que únicamente cuatro Comunidades Autónomas concentran más de la mitad de la red de peaje.

Por último, recuerda que solo el 18% de la red viaria de alta capacidad cuenta con el pago de peajes en España, en «clara contraposición» con el modelo vigente en Europa, donde 23 países tienen tarifado el 100% de su red.

Desde Seopan, la organización empresarial en la que están representadas las grandes constructoras del país, también se han pronunciado al respecto y han instado a los partidos políticos que critican la medida propuesta por el Gobierno para introducir peajes en todas las autovías del país que propongan cuál es su alternativa para el déficit que actualmente acumula la conservación y el mantenimiento de las carreteras.

La compañía, de hecho, lleva tiempo alertando de la falta de recursos públicos para la conservación de la red de carreteras. Según un estudio que publicó junto con la consultora AT Kearney en 2018, en el que explicaban los problemas económicos y sociales que está generando la falta de inversión pública en las carreteras españolas y alertaban de un sobrecoste anual de 29.000 millones de euros, la compañía ya afirmaba que la solución pasa por impulsar la inversión privada e instaurar el pago por uso como sucede en otros países europeos y de la OCDE, ya que solo de esta manera podrán financiarse nuevos proyectos y mantener la red actual.