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Un dogma es un principio no contrastado que, según sus fomentadores, debe ser creído y no cuestionado, aunque no existan ni evidencias ni pruebas de su bondad. Durante muchos siglos hemos asistido a la formulación de dogmas, especialmente en el terreno religioso, y siempre se ha calificado de anatema la negación del dogma, llegándose a penalizaciones a los no creyentes del dogma.

Este planteamiento creíamos que, salvo los talibanes y algunos otros, se había terminado en el siglo XXI, pero hete ahí que, en España, los partidos de izquierdas han introducido un nuevo dogma: que lo que se perciba como salario o pensión tenga que ser como mínimo un 60% del salario medio de los trabajadores asalariados del país. Aducen que hay una recomendación de la Carta Social Europea que así lo afirma, y es cierto, pero es eso, una simple recomendación, que queda muy bien socialmente, como que no debe haber trabajo infantil, pero en numerosos países se explota a los niños en un régimen de semiesclavitud, y las multinacionales norteamericanas se lucran con ello mientras todo el mundo mira para otra parte.

Por tanto, utilizar como dogma simples recomendaciones no tiene mucho sentido, especialmente económico. Todos quisiéramos vivir en reinos de jauja en los que no tuviéramos que trabajar, pero la realidad de la vida humana es muy diferente. Tomar de los informes lo que nos interesa y tratar de que se convierta en ley no es muy honrado con los ciudadanos, porque nada es gratis, y al final siempre pagan los mismos: las clases medias y las siguientes generaciones.

Empecemos por los salarios; en un país, como España, en el que el 38% de los declarantes a Hacienda (8,8 millones) declaran hasta 12.000 euros de ingresos brutos anuales (mileuristas o menos), una subida del salario mínimo tiene mucha incidencia en el salario medio; es decir, las subidas del salario mínimo retroalimentan el salario medio que, siendo muy bajo en relación con Europa, aumenta por el mero hecho de que se suba este salario mínimo a muchos millones de españoles.

Si miramos la relación que existe entre el salario mínimo y el salario medio en los países de nuestro entorno, podemos observar que España junto con Francia son los países que más alto tienen ese porcentaje (en torno al 50% del salario medio, y en el caso de España 13.510 euros respecto de 27.537 euros (49%)). Pero también podemos ver que el famoso 60% no le importa a nadie; salvo a Pedro Sánchez que ha dicho que en 2023 va a llegar al 60%, con nuevas subidas, hasta llegar a los 16.522 euros, que es su compromiso electoral. Otra cosa es que puedan aguantarlo las empresas, sobre todo las más pequeñas.

En el siguiente cuadro podemos ver qué ocurre en otros países de nuestro entorno y de la OCDE:

Vemos que lo habitual es estar entre el 35% y el 45%, y que ningún otro país se ha puesto a hacer subidas del SMI en medio de la pandemia. Y no entremos en eso de subir el SMI en septiembre de un año, por el mero hecho de salirse con la suya un partido de extrema izquierda de cuyo nombre no quiero acordarme, cuando lo razonable hubiera sido hacerlo en el marco de los PGE; pero el dogma es el dogma, y hay que cumplirlo siempre, y si no se anatemiza a los que no creen en él.

En cuanto a las pensiones, el planteamiento es totalmente distinto, aunque el dogma es el mismo: 60%. Resulta que la pensión, con el modelo de reparto que tenemos en España, supone una prestación que se recibe a partir de los 66 años en base a lo que se haya cotizado durante la vida laboral y, por tanto, aportado para el pago de las pensiones de las generaciones anteriores a la nuestra. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena está prefijado por ley, y todo depende del salario que se perciba; en el caso de los autónomos, hay un mínimo, al cual se acoge el 85% de los cotizantes, y que supone que se percibe después una pensión que no llega a los 500 euros al mes, básicamente porque decidieron tener un mayor nivel de consumo durante su vida laboral.

Por tanto, resulta injustificable que si una persona a lo largo de su vida laboral cotiza voluntariamente o no (porque haya tenido salarios bajos) por cantidades pequeñas luego tenga la misma pensión que los que han cotizado un 30 o un 40% más que ellos. Ese 1.080 euros que sacan los jubilados en sus manifestaciones es una cifra sacada de contexto e incompatible con un país en el que el 38% de los trabadores son mileuristas, ya que ello supondría que muchos de los trabajadores cuando se jubilaran iban a cobrar un 30% más que cuando estaban en activo (12 x 1.080).

Si nos comparamos con Europa, tendríamos que trabajar con la denominada tasa de sustitución, que nos indica el porcentaje que representa la pensión que se percibe respecto de los ingresos que percibía el trabajador cuando estaba en activo. El resultado es el siguiente:

Vemos que los españoles, aunque por debajo de italianos y portugueses, son de los mejores tratados cuando se jubilan, ya que pasan a percibir el 83,4% de lo que ganaban cuando estaban en activo (los ingleses tan solo un 28,4%). Otra cosa es que la cuantía bruta sea menor en España que en otros países de nuestro entorno, pero eso depende de las cotizaciones sociales, y estas de los salarios, y si los salarios medios españoles son casi la mitad que los de nuestros homónimos europeos, ese problema habrá que trasladárselo a los empresarios, que son incapaces de competir allende los Pirineos si no es con mano de obra barata.

La consecución del “número áureo”, así como otras incongruencias de todos conocidas, hacen que, al margen de determinados comentarios lenguaraces de cierto ministro, demos una imagen demasiado mediterránea en los centros de decisión europeos. Seguir por este camino supone aceptar que exista en nuestro país una izquierda dispuesta a incinerar en autos de fe a quiénes no comulguen con sus dogmas, aunque la evidencia nos diga que no tienen el más mínimo sentido económico, que no hay dinero para cumplirlos y que los demás países de nuestro entorno no están por la labor. Y es que, en un país de mileuristas y pensionistas, los votos son sagrados; la racionalidad económica queda para otros.

A lo mejor, si se hiciera un esfuerzo didáctico con el pueblo español, se conseguiría hacerles entender que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, especialmente en estos años en los que las dos crisis (financiera y pandémica) han golpeado nuestras cuentas públicas de manera inusitada. Creo sinceramente que los españoles ya somos mayores de edad y se nos pueden explicar las cosas, en lugar de lanzarnos mensajes populistas o ponernos zanahorias delante del hocico.