La consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de Cataluña, Meritxell Borràs, ha anunciado en un desayuno-coloquio del Fórum Europa Tribuna Catalunya que presentará en las próximas semanas el índice de referencia de precios del alquiler para las cuatro capitales catalanas y que, en un máximo de seis meses, lo ampliará a los 50 municipios más grandes de Cataluña. Un índice que traerá polémica porque desde Fomento no tienen intención de aprobarlo.

En el coloquio al que fue invitada la consellera, por la organización Nueva Economía Fórum, arrancó con una crítica dura contra la Fiscalía, después de que la querellaran por la compra de urnas para un posible referéndum. Tachó a “esta democracia” de “enferma” y “receto a este Gobierno (central) una tila”, con tal de “dialogar, escuchar y sentarse”.

Pero más allá del enfrentamiento por su posicionamiento a favor de un referéndum, aprovechó para denunciar que el Gobierno central quiere “recentralizar, con la excusa de la crisis” y han rebajado el autogobierno quitando “buena parte de las herramientas para trabajarla” desde los gobiernos autonómicos. Aquí apuntaba claramente hacia sus políticas propuestas en materia de vivienda: “nuestro modelo es muy diferente al que nos llega desde el gobierno del Estado español”.

Recalcó de nuevo que desde la Generalitat nunca se habían destinado tantos recursos, materiales y económicos, a la vivienda como ahora. Cabe recordar que, después de la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria la vivienda se puso en el centro de las preocupaciones de todos los gobiernos como, quizá, no se había hecho antes. Las leyes de vivienda que se han aprobado en el Parlament han sido en todos los casos fruto de iniciativas legislativas populares, es decir, propuestas por personas de a pie que, una vez consiguen más de 50.000 firmas, inician la tramitación parlamentaria.

Una de las herramientas que lleva trabajando desde hace meses es la de un índice de precio para los alquileres. En este coloquio anunció, de forma extraoficial, que lo pondrá en marcha en cuestión de semanas para las cuatro capitales de la demarcación. Eso es, Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona. También avisó que en un plazo de seis meses lo ampliará a los 50 municipios más poblados de Cataluña.

Para Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, “la mejor manera de controlar el precio de los alquileres es tomar las medidas que sean necesarias para aumentar la oferta. En este sentido dar seguridad jurídica a los propietarios de los pisos vacíos es una de las mejores herramientas, junto con la promoción de nuevas viviendas sociales destinadas al alquiler

¿Nuevo choque de trenes?

Este futuro índice de referencia, de ponerse en marcha, podría volver a provocar un choque de trenes entre Gobierno central y autonómico. Como ya pasó hace escasos dos meses con la ley catalana de vivienda 4/2016, Mariano Rajoy envió una carta comunicando que podría contener inconstitucionalidad. Es un choque que también sucede con otras autonomías donde las leyes de vivienda aprobadas no cumplen con el marco legislativo.

De la misma forma, este índice ya fue rechazado por Fomento, y de forma tajante, cuando se reunió el ministro de la Serna el pasado abril con la alcaldesa de Barcelona.

Misiva de los ayuntamientos catalanes a Fomento

En esta misma línea, pero a través de una vía más oficial, la alcaldesa de Barcelona junto a otros alcaldes del área metropolitana envió el pasado 8 de mayo una carta a Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, para alertarle de la problemática de la vivienda en Barcelona y su corona metropolitana en materia de vivienda, y le pide una nueva reunión. En esta ocasión, iría acompañada del regidor de Vivienda, Josep Mª Montaner, para reclamar una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para ampliar duración de los contratos e implantar un índice de referencia del alquiler.

Aunque la consellera Borràs anuncie ese índice de referencia, también ha recibido otra misiva de similares características que la que ha debido recibir de la Serna. En este caso fue enviada el 20 de abril y se le reclamaba un pacto por el derecho a la vivienda “con la presencia de los ayuntamientos más poblados”. La carta, firmada por los mismos alcaldes que la del ministro, buscan pactar las políticas “a la altura de los nuevos retos”.