El sector inmobiliario vuelve a ponerse en pie de guerra ante la falta de seguridad jurídica que rodea al mercado de la vivienda.

Así lo han manifestado diferentes expertos en unas jornadas organizadas por el Foro de Economistas Inmobiliarios, en las que se pusieron sobre la mesa diferentes estrategias que se deberían seguir en la era postcovid-19.

Uno de los ponentes en las jornadas fue Joan Clos, exalcalde de Barcelona y actual presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), quien criticó los constantes cambios normativos en el mercado residencial. Según Clos, “el problema de vivienda de España no está relacionado con la falta de dinero, sino con la falta de regulación, gestión y de seguridad jurídica. No podemos estar bajo regulaciones cambiantes cada pocos meses, sobre todo en temas fundamentales”. 

Clos también se mostró en contra del control de los precios del alquiler que activó Cataluña en septiembre, medida que el Gobierno quiere trasladar al conjunto del país en los próximos meses, y alertó de que “la literatura económica y los ejemplos europeos demuestran que este tipo de leyes no funcionan y que, incluso, agravan las crisis”. En su opinión, la manera de evitar fuertes subidas de precios está en una verdadera política pública de vivienda en un momento en el que la sociedad y la situación económica están impulsando la demanda del alquiler.

Por su parte, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, recalcó la necesidad de garantizar la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la claridad normativa en materia de vivienda, así como la necesidad de reforzar la colaboración público-privada para impulsar el desarrollo de viviendas de obra nueva y aumentar el parque de viviendas de alquiler asequible, aprovechando el interés de fondos y promotoras por el negocio conocido como ‘build to rent’.

Según el Boletín Especial de Vivienda Social publicado recientemente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el parque de vivienda social de titularidad pública se sitúa actualmente en torno a 290.000 viviendas, de las que unas 180.000 están en manos de las comunidades autónomas y las 110.000 viviendas restantes son de titularidad municipal. Una cifra irrisoria si tenemos en cuenta que en España hay más de 25 millones de viviendas. Además, desde la Cartera dirigida por José Luis Ábalos sostienen que en todo 2019 se construyeron poco más de 1.000 viviendas protegidas destinadas al alquiler.

Con estas cifras sobre la mesa, Francisco Navajas, socio director de Franamar Consulting, también se suma a las voces que piden fomentar alianzas entre el sector público y el privado para promover viviendas tanto de alquiler como de venta, así como apostar por la rehabilitación del parque de viviendas en España, donde más de la mitad de las viviendas se construyeron antes de 1980 y una de cada cinco tiene más de medio siglo de antigüedad.

La rehabilitación debe ser otro de los pilares del mercado de la vivienda en la época postcovid. Según Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado de Sociedad de Tasación ST, la clave es que sea una rehabilitación sostenible, mientras que el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios habla de la fórmula de las ‘3R’: regeneración, renovación y rehabilitación urbanas. 

Para este cometido, los expertos piden al Gobierno que aproveche las ayudas europeas que va a recibir España en el marco del fondo de reconstrucción para paliar los efectos del covid-19. Con 140.000 millones de euros entre ayudas directas y préstamos, España será el segundo país de la UE que recibirá el mayor importe, después de Italia.

De momento, y a la vista del Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el Gobierno prevé destinar a la partida de vivienda más de 2.235 millones de euros, una cifra récord gracias a que incluye más de 1.600 millones procedentes de los fondos europeos, lo que convierte a la vivienda en, la sexta área económica que recibirá el mayor importe. Según las cuentas públicas del año que viene, el destino de parte de esos fondos será la rehabilitación de medio millón de casas en un plazo de tres años, la ampliación del umbral de las ayudas al alquiler asequible (que pasará de 600 a 900 euros) o el desarrollo de viviendas de alquiler social y asequible, entre otros.

Por otro lado, los expertos que se dieron cita en la jornada también hablaron de la posibilidad de crear ayudas directas para facilitar el acceso a la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler. En este caso, una alternativa sería introducir una especie de cheque dirigido a los arrendatarios y que permitiría que el propietario tuviera garantizados los ingresos por el alquiler de un inmueble.