Las sociedades de inversión inmobiliaria que operan en España, y que han sido uno de los principales ‘players’ del mercado en estos últimos años, todavía no pueden librarse de una subida de impuestos.

A pesar de que los documentos que presentaron el pasado lunes los Ministerios de Economía y Hacienda con motivo de la aprobación del Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 no incluían referencia alguna sobre el endurecimiento fiscal de las socimis, el organismo liderado por María Jesús Montero confirma su intención de sacar adelante la medida, tal y como consta en el Acuerdo de Presupuestos que han sellado el Gobierno y Podemos. Este pacto confiere un papel protagonista al alquiler y materializa la posibilidad de endurecer la fiscalidad de estas sociedades que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias analizaron hace más de un mes.

Según dicho documento, que se hizo público el pasado 11 de octubre, los más de 60 vehículos de inversión que cotizan actualmente en el mercado doméstico y todos los que vendrán en el futuro, deberán tributar por los beneficios que reinviertan o repartan entre sus accionistas vía dividendos. Recordemos que estas sociedades están exentas de pagar el Impuesto de Sociedades (el tributo que grava el beneficio empresarial y cuyo tipo es del 25%) a cambio de repartir al menos el 80% de sus ganancias en forma de dividendos.

Por tanto, y aunque no pagan Sociedades, los beneficios que obtienen por las rentas del alquiler de los inmuebles en propiedad tributan a través de los accionistas, que son los encargados de pagar impuestos por los dividendos que reciben. Son iguales fiscalmente hablando que los dividendos de Santander, BBVA, Repsol, Telefónica o Inditex. Así, Es decir, se aplica un 25% si el accionista es una empresa y si es una persona física, un 19% para los primeros 6.000 euros; un 21% para la horquilla 6.000,01 y 50.000 euros; y un 23% a partir de dicho importe.

¿Y cuál es la novedad? Esta es la mención textual que aparece en el pacto entre el Gobierno y el partido capitaneado por Pablo Iglesias: “Las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario tienen el régimen especial de tributación de las Instituciones de Inversión Colectiva. Por las rentas obtenidas en el ejercicio de su actividad principal (alquiler y renta de inmuebles) tienen un tipo de gravamen del 0%. Por las rentas que perciben en otro tipo de actividades las socimis tienen que pagar un tipo de gravamen del 25%. Se acuerda aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades”.

Esto significa que tributarán todos aquellos beneficios que no se repartan vía dividendos (porque se caería en una doble imposición tributaria: sociedad y accionista) o que se reinviertan. En general, ese 15% se aplicaría sobre el 20% de los beneficios totales que obtienen estos vehículos oficiales.

De momento, no hay cálculos oficiales sobre cuánto podría llegar a recaudar el Estado a través de esta fórmula. Desde el Ministerio insisten en que las partidas presupuestarias todavía se están concretando y que las cifras detalladas y definitivas no se conocerán hasta que el Gobierno lleve los Presupuestos de 2019 al Congreso de los Diputados, algo que está previsto para finales de noviembre.

¿Significa esto que la tributación de las socimis se endurecerá sí o sí el próximo ejercicio? No del todo. Desde el sector inmobiliario creen que, si el Gobierno no ha incluido la medida en el Proyecto de Presupuestos que ha enviado a Bruselas, la subida de impuestos no se materializará el año que viene. Además, la medida no se activaría hasta que las cuentas públicas cuenten con el apoyo parlamentario y de la Comisión Europea. Hasta entonces, las socimis tendrán que esperar… y acostumbrarse a la incertidumbre.