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Una de las grandes prioridades de la Agencia Tributaria en los últimos años ha sido la lucha contra el fraude fiscal. A pesar de que recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, Hacienda tiene el foco puesto en los alquileres en negro desde 2016. Desde entonces, el fisco ha destapado más de 228.000 casos con irregularidades y la base imponible declarada por Capital Inmobiliario ha crecido en 2.632 millones de euros.

A la vista de las cifras, la lucha está dando sus frutos, aunque el peso de los alquileres irregulares todavía sigue siendo muy elevado. Según los datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), en España hay 1,28 millones de arrendamientos sumergidos, lo que se traduce en un 40,8% del total. Dicho de otro modo, cuatro de cada 10 alquileres no se declaran.

Estas cifras proceden del análisis realizado por parte de Gestha a partir de las estadísticas comparadas del IRPF y del INE del ejercicio 2018 (los últimos datos oficiales disponibles), y se centran en las autonomías que forman parte del régimen común, por lo que excluyen los fraudes en el alquiler que puedan existir en el País Vasco y Navarra.

La cifra escandalosa que ponen sobre la mesa los Técnicos de Hacienda muestra que el peso de los arrendamientos sumergidos se ha reducido en ocho puntos desde 2015. Por aquel entonces, los alquileres en negro suponían el 48,9% del total, mientras que en 2016 representaban el 46,2% y en 2018 su peso ya se queda ligeramente por debajo del 41%. De hecho, las cifras podrían ser algo inferiores si tenemos en cuenta que los regímenes forales suelen presentar menores tasas sumergidas. 

Esta tendencia decreciente de los arrendamientos en ‘b’ viene respaldada por varios factores. Por ejemplo, la obligación de los propietarios de incluir el NIF de su inquilino cuando declaran los ingresos del arrendamiento en la declaración de la renta, las comprobaciones que realiza la Agencia Tributaria o la información sobre el consumo eléctrico que facilian las empresas suministradores y que permiten aflorar alquileres en vivienda supuestamente vacías.

El fisco también se apoya en los datos que suministran los bancos de las cuentas bancarias y en la obligación de las compañías que intermedian en el alquiler vacacional de proporcionar datos sobre los inmuebles arrendados con fines turísticos, sus propietarios y huéspedes. Una obligación que, no obstante, apenas ha estado un año y medio en vigor, ya que el Tribunal Supremo anuló el pasado mes de julio el artículo del reglamento donde se recogía dicha obligación, argumentando que Hacienda no comunció su tramitación a la Comisión Europea como era preceptivo. Por tratarse de un incumplimiento formal, el Alto Tribunal lo dejó sin efecto por ser contrario a Derecho.

El covid disminuirá el fraude

¿Y cómo puede afectar la crisis del coronavirus a los alquileres sumergidos? Según Gestha, el covid-19 no intensificará los fraudes en el mercado del arrendamiento, a pesar de que los aprietos económicos que están pasando y pasarán miles de hogares en España.

“Aún es pronto para dilucidar cómo puede estar afectando la crisis en la actividad inmobiliaria y en las transacciones y el alquiler de inmuebles, pero no cabe pensar que se intensifique el fraude en el alquiler de inmuebles gracias a todas las herramientas de control que están mejorando la presentación de declaraciones de los propietarios”, sostiene José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Y este descenso de los fraudes también quedará patente, previsiblemente, en las compraventas. Según insiste Mollinedo, “las operaciones inmobiliarias se han resentido por la crisis, lo que sin duda reducirá el volumen total del fraude derivado de escriturar por debajo del valor real”.

Y añade que “otras medidas adoptadas en los últimos meses también ayudarán a reducir los fraudes”, como la moratoria en el pago de los alquileres e hipotecas, el aplazamiento de impuestos en seis meses sin intereses ni garantías para los autónomos, y otras ayudas compensatorias a empresas o familias, como los ERTE o la obligación de presentar la declaración de Renta a los que solicitan el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”.

Así pues, “si solo consideramos la economía informal, entendida como aquellas actividades cuyo objeto está dentro del lícito comercio, la crisis económica actual también afecta a la economía irregular disminuyendo su volumen sumergido. Sin embargo, de momento no es posible evaluar su participación dentro de la economía total en términos relativos. Y es que, en la anterior crisis, los datos empíricos demostraron que entre 2008-2012 se intensificó el crecimiento de la tasa sumergida en términos porcentuales”, aclara Mollinedo.

Los escollos de la lucha contra el fraude

La lucha contra el fraude fiscal en España ha batido varios récords en los últimos años. En 2015, por ejemplo, Hacienda consiguió aflorar 15.664 millones de euros, el máximo hasta la fecha, y en 2019 volvió a renovar el hito con 15.715 millones.  

No obstante, Gestha lamenta que estos miles de millones “suponen apenas recaudar un 20% de la evasión tributaria estimada al año, lo que significa que el 80% del fraude se evapora y no es descubierto ni en el mejor año de funcionamiento de la AEAT. Y cada año prescribe la posibilidad de investigar los impuestos impagados cuatro años antes”.

Además, los Técnicos del Ministerio de Hacienda hablan de ineficacia de la lucha contra la economía sumergida en España y argumentan su tesis con lo que denomina “dos pruebas del algodón”. Por un lado, que “las actuaciones de la Inspección de Trabajo no logran acabar con el empleo sumergido o la contratación de miles de jornaleros que cada día se realiza en espacios públicos de nuestras ciudades, lugares bien conocidos y visibles” y, por otro, que “la recaudación del control tributario que realiza la AEAT no logra vencer la curva creciente de la economía sumergida, a pesar de la mejora de dichos resultados anuales en las últimas tres décadas”.

Según Mollinedo, existen diferentes razones para no lograr romper la tendencia creciente de la economía sumergida en España. Entre ellas, “contar con la mitad de plantilla en el control tributario que la media de los países de la UE, limitar las funciones de los técnicos, que son el 85% de la plantilla del grupo A en la AEAT, no compartir las bases de datos tributarias con las administraciones tributarias autonómicas y locales, y centrar la comprobación en el control de “discrepancias” de las declaraciones y las bases de datos fiscales”. Así, insiste, “no debería extrañar que los ciudadanos llevemos décadas quejándonos de que no todos pagan impuestos, que no todos pagan según lo que ganan, o que personas acaudaladas llevan una parte de su dinero a paraísos fiscales”.

Y concluye con esta advertencia: “numerosas estimaciones señalan que tenemos el doble de economía sumergida que la media de los países europeos, y esa es la causa que explica al menos la mitad del diferencial recaudatorio con Europa de entre 65.000 y 70.000 millones menos, teniendo impuestos armonizados (IVA o IIEE) o tipos del IRPF o Sociedades en la media europea”.

2018 España UE-27 diferencial español con UE-27 Ranking España en la UE-27 Pérdida de recaudación en España por la menor presión fiscal con la UE
 Estructura por tipo de impuesto % PIB % PIB p.p. PIB Posición millones euros
Impuestos indirectos 11,94% 13,72% -1,77 24 -21.331
IVA 6,59% 7,17% -0,58 24 -6.953
Impuestos directos 11,05% 13,30% -2,25 13 -27.085
Impuestos a la renta personal 7,76% 9,57% -1,82 12 -21.847
Impuestos a las ganancias corporativas 2,47% 2,72% -0,25 17 -3.029
Otros 0,82% 1,01% -0,18 11 -2.208
Contribuciones sociales 11,75% 13,25% -1,5 15 -18.086
Empleadores 8,59% 7,39% 1,2 7 14.453
Hogares 3,15% 5,86% -2,71 20 -32.539
Menos: transferencias de capital (1) 0,00% 0,07% -0,07   -852
TOTAL 34,74% 40,20% -5,46 18 -65.649