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La crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus continúa haciendo estragos en el tejido empresarial y en la economía española. De hecho, la segunda ola de la pandemia ha aumentado un 68,5% la cuota de impagos desde la tercera semana de septiembre hasta situarse en un 5,9% sobre el total de los contratos controlados por el Fichero de Inquilinos de Morosos.

«Aunque el dato de la cuarta semana de noviembre aun es provisional a la espera de que cierre el mes, la tendencia con la que está incrementando las comunicaciones nos hace prever que en esta semana el 5,9% de los contratos monitorizados comunicarán algún problema de impago«, explica Sergio Cardona, director de Estudios y Calidad de Fichero de Inquilinos Morosos a El Economista.

Los datos recogidos por el organismo reflejan como la morosidad de los inquilinos guarda una relación directa con la evolución de la enfermedad. De hecho, después de finalizar el primer estado de alarma la morosidad se estabilizó y reflejó un comportamiento muy similar a las semanas previas al confinamiento de la población.

Sin embargo, la llegada del otoño y el aumento de las medidas restrictivas han disparado este índice. «Tanto en marzo como ahora, semanas después de que entren en vigor las medidas, los inquilinos se encuentran con serios problemas para pagar las rentas del alquiler», explica Cardona al medio económico.

Esta tónica ha continuado durante las siguientes semanas y no hay motivos para pensar que vaya a cambiar de aquí a final de año. El departamento de Estudios y Calidad de Fichero de Inquilinos Morosos vaticina que la morosidad aumentará durante el último mes de este ejercicio, aunque estiman que las incidencias no alcanzarán el pico máximo registrado en mayo (un 12,2%).

Esta situación ha provocado también un cambio de comportamiento en los arrendadores. Ahora, estos (ya sean particulares o profesionales) analizan de manera más detenida la situación financiera de los posibles inquilinos.

Un seguro de impago necesario

Ante este aumento de la siniestralidad y la incertidumbre generalizada por la posible paralización de determinados desahucios, los propietarios deben de exigir a las agencias o profesionales inmobiliarios la incorporación del seguro. También debe de imponerse a los inquilinos en caso de hacer la operación directamente, pero siempre a través de la figura del Corredor de Seguros.

La forma más eficaz y justa de proteger por igual los derechos de propietarios a percibir las rentas y de los inquilinos a tener acceso a la vivienda que desean es asegurar el alquiler. Sólo el Seguro de Impago del Alquiler ofrece la certeza al propietario de que va a cobrar la renta prevista. «Para el inquilino es igualmente beneficioso porque la selección de perfiles o ‘scoring’ que realizar la aseguradora le permite definir bien el tipo de vivienda adecuado en función de sus ingresos, ahorrándole así tiempo e inconvenientes tanto a corto, como a medio plazo”, afirma el presidente de OESA, Javier Íscar. 

Los propietarios también deben de saber que la incorporación del Seguro de Impago no demora la operación, pues las aseguradoras tardan muy pocas horas en realizar las valoraciones y dar las aprobaciones. Deben de tener especialmente claro que ni solicitar más mensualidades de las dos exigidas legalmente, ni los avales solucionan los problemas en caso de incidencia, de impago o de demora de la salida del inquilino. Sólo la aseguradora cuenta con la capacidad financiera y legal pasa asumir el coste de las rentas no cubiertas, se insiste desde OESA.