Los cambios legales y regulatorios en los derechos de propiedad, incluidos la vivienda, han traído una desprotección creciente, según el análisis de Fedea, que alerta además de una progresiva erosión de la seguridad jurídica en los últimos años. El estudio de la Fundación pone ejemplos en las sentencias y normas sobre los desahucios o los problemas de ocupación ilegal

Este trabajo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) está firmado por Benito Arruñada de la Universidad Pompeu Fabra, resume la erosión que está sufriendo la seguridad jurídica en España.

Los derechos de propiedad sufren una desprotección creciente derivada de cambios legales y regulatorios que exceden los criterios de razonabilidad imperantes en la Unión Europea o “subvierten la propiedad privada para suplir sin coste para el erario las carencias de las políticas públicas, como el caso de los desahucios y la ocupación de viviendas”, aclara el informe.

El estudio apunta que la legislación española sufre simultáneamente de un exceso de reglas de obligado cumplimiento, muchas de las cuales son innecesarias y de un déficit de reglas de libre incorporación a los contratos, que ayudarían a reducir los costes contractuales.

“Cuando los países alcanzan cierto grado de desarrollo, corren el riesgo de olvidar que la seguridad del derecho de propiedad es condición necesaria para la prosperidad económica”, aclara el experto de la Universidad Pompeu Fabra.

Y pone como ejemplo la conocida Ley de Costas de 1988. “Se han promulgado normas sobre derechos de propiedad que desde un punto de vista económico pueden entenderse como auténticas expropiaciones de derechos sin una indemnización suficiente”.

El informe hace hincapié en la “relajación en la ejecución” de sentencias sobre desahucios de viviendas ante supuestos de impago de hipotecas y alquileres, así como permitiendo su ocupación ilegal.

Por último, advierte de que, en el funcionamiento de los tribunales de justicia se suele criticar su lentitud «pero es más probable que su fallo más grave resida en la baja calidad e imprevisibilidad de muchas sentencias», fallo que parece haberse agravado desde la crisis económica de 2008.

Desde la crisis económica, algunas organizaciones protectoras de personas “sin techo” se involucran en apoyo de las ocupaciones, generalmente lideradas por movimientos anti-sistema y contraculturales. Asimismo, han aparecido pequeños grupos criminales que alquilan las viviendas ocupadas a terceros.

Por último, advierte de que, en el funcionamiento de los tribunales de justicia se suele criticar su lentitud «pero es más probable que su fallo más grave resida en la baja calidad e imprevisibilidad de muchas sentencias», fallo que parece haberse agravado desde la crisis económica de 2008.

Los propietarios de los inmuebles sufren dificultades para recuperar su posesión porque los ocupantes “sólo pueden ser desalojados legalmente tras un lento proceso judicial”, aclara el estudio.

“La asignación de los derechos es conflictiva porque el derecho de propiedad del propietario colisiona con el derecho a la vivienda, que protege en la actualidad la posesión de los residentes en una vivienda incluso cuando la han obtenido ilegalmente”, recuerda el informe.

Otro debate que abre es si hay cierta tolerancia con las ocupaciones. «Suponiendo que el Estado deba proteger el derecho de los ciudadanos a la vivienda, parece más sensato habilitar el uso de viviendas gratuitas o subsidiadas. Tolerar las ocupaciones constituye una solución muy deficiente, porque, al diluir los derechos de propiedad privados distorsiona los incentivos de todos los participantes en el mercado», concreta en su crítica.