Los juzgados provinciales que se crearon a principios de verano para recibir el aluvión de demandas contra la banca por las cláusulas abusivas de las hipotecas están recibiendo unos 1.000 casos al día.

Según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el pasado 1 de enero y el 5 de noviembre, los 54 juzgados han registrado un total de 118.419 casos. Teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil en el mundo judicial, cada mes han recibido de media unos 30.000 casos.

Los más numerosos se han registrado en Madrid (25.464), Barcelona (10.362), Sevilla (5.745) y Valencia (4.719). Solo estas cuatro provincias suman 46.290 casos, un 39% del total. Sin embargo, el dato más interesante que ha aportado el CGPJ no es el número de demandas que ha recibido cada juzgado provincial, sino el número de sentencias que ha emitido cada uno hasta la fecha.

En números absolutos, y de las 3.485 sentencias que se han conocido hasta la fecha, tan solo encontramos 8 juzgados que han dictado más de 100 desde el pasado 1 de enero. Son, por este orden, Asturias (556), Madrid (245), Vizcaya (228), Zaragoza (180), Valencia (162), Las Palmas de Gran Canaria (149), León (140) y Alicante (117).

En cambio, otras provincias como Barcelona, Sevilla, Murcia, A Coruña, Baleares o Málaga evolucionan de manera mucho más lenta: han dictado entre 8 y 76 sentencias. Murcia, de hecho, es una de las seis provincias cuyo juzgado especializado ha resuelto menos de 10 casos desde verano, con apenas ocho fallos. En la lista también están Huelva (4), Teruel (9), Segovia (8), Cuenca (2) y Tarragona (5).

Ahora bien, la clasificación cambia si comparamos el número de sentencias emitidas por cada juzgado con el número de demandas recibidas. En este caso, solo tres juzgados han dado respuesta a más de un 10% de los asuntos: Asturias (25,85%), Álava (14,18%) y Lugo (11,86%).

Por debajo del 10%, pero en los primeros puestos de la tabla, se encuentran varias provincias de Castilla y León (Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora), Ciudad Real y Teruel, que han resuelto entre el 6% y el 9% de los casos que han recibido.

Sin embargo, por debajo de la media nacional (2,94%) se encuentran algunas de las provincias más importantes de España, entre ellas Málaga (0,32%), Sevilla (0,71%), Santa Cruz de Tenerife (0,99%), Barcelona (0,72%), Madrid (0,96%) y Murcia (0,35%). Con estas cifras sobre la mesa descubrimos que todos esos juzgados especializados en cláusulas abusivas de las hipotecas no han resuelto aún ni uno de cada 100 casos que han recibido.

Los juzgados, colapsados

Este balance explica las peticiones de los Jueces Decanos, que han exigido al CGPJ que refuerce estos juzgados para que puedan agilizar los procesos y dictar sentencias con mayor celeridad que hasta la fecha.

“La entrada de asuntos de ese tipo ha desbordado todas las previsiones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial. Hasta el punto de que la inmensa mayoría de Juzgados especializados en toda España están saturados de asuntos, con números imposibles de ser manejados por los compañeros que prestan su servicio en dichos órganos, y por las oficinas judiciales. Y la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final”, explicaban en un documento, donde añadían que la situación es de “completo atasco”, lo que provocará que las resoluciones “se alarguen de manera realmente importante en el tiempo, frustrando la resolución de las demandas interpuestas por los ciudadanos por su tardía respuesta”. 

Y no podemos olvidar que estos juzgados son los encargados de recibir todas las reclamaciones de los clientes bancarios a las entidades financieras por la imposición de cláusulas abusivas en sus préstamos hipotecarios, lo que les ha llevado a pagar dinero de más. Entre las cláusulas abusivas más frecuentes están la cláusula suelo, la cláusula de vencimiento anticipado, las hipotecas multidivisa o los gastos de formalización de la hipoteca. La materia no es baladí, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de ellos están dando la razón a los consumidores.   

Ante el evidente atasco de los juzgados provinciales, los Jueces Decanos han propuesto acabar con ellos para que a partir del 1 de enero de 2018 este tipo de casos lleguen directamente a los Juzgados de Primera Instancia.