Azora

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La organización mundial de la salud recomienda contra con cinco plazas por cada 100 personas mayores de 64 años. Para cumplir este ratio, España debería de construir 100 residencias al año para generar 400.000 plazas hasta 2050, según el informe Radiografía del sector de las residencias parar la tercera edad en España elaborado por la consultora PWC.

El informe ha sido encargado por la Federación Empresarial de la Dependencia y el objetivo es describir los factores principales que afectan a la demanda de plazas residenciales para la tercera edad, las características actuales de su oferta y las condiciones de acceso y sostenibilidad del sector, así como la contribución económica y laboral de una industria que genera una actividad económica de más de 4.500 millones de euros al año y que emplea de forma directa a casi un 1% de la población activa en España. El documento pone el foco en un sector, fuertemente regulado, con más de 50 años de tradición en la colaboración público-privada y con una estructura industrial muy semejante al del resto de mercados europeos. Sin embargo, en el caso de España se observa un claro déficit de plazas que irá en aumento si no se aportan las soluciones necesarias.

Por otra parte, la FED ha elaborado un Documento de Propuestas sobre la incidencia de la crisis provocada por el coronavirus en el sector de las residencias, donde se analizan los problemas coyunturales y estructurales y se aportan soluciones a todos esos problemas. Se ha detectado que buena parte de los problemas preexistentes se han visto agravados por esta emergencia sanitaria, como la financiación o la asistencia sanitaria a los usuarios de las residencias.

Una población envejecida

La esperanza de vida en España se ha incrementado notablemente al mismo tiempo que se ha reducido la natalidad, produciendo un envejecimiento de la población: actualmente, el 19% de la población tiene más de 64 años. A partir de esa edad, la esperanza de vida media es de 22 años, pero solo un 53% de ese tiempo es en condiciones saludables, es decir, vivimos más, pero el aumento de la longevidad tiene asociado un deterioro que requiere de unos cuidados específicos.

De acuerdo con las estimaciones del INE, de continuar esta tendencia, en 2050 pasaremos de nueve a 16 millones de personas mayores de 64 años en España, aproximadamente un tercio de la población, lo que nos situaría como el 4cuarto país más envejecido de la Unión Europea.

«Este reto demográfico constituye un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad social y económica a largo plazo. Y es aquí donde las residencias juegan un papel muy relevante, garantizando un servicio socio-asistencial en la atención a los mayores, ya que más del 80% de los residentes necesitan ayuda en tareas tan cotidianas como vestirse, tomar la medicación, asearse o alimentarse”, afirma Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED.

100 residencias al año

La Organización Mundial de la Salud recomienda contar con 5 plazas por cada 100 personas mayores de 64 años para cubrir la demanda de residencias para la tercera edad, tasa que ya cumplen países como Holanda, Suecia, Bélgica, Finlandia, Alemania y Francia; y que España, con una ratio de 4,4 plazas, presenta un déficit de alrededor de 66.000 plazas.

Si ya existe en España un déficit de, aproximadamente, 550 residencias para la tercera edad (de 120 plazas de media), el paulatino envejecimiento de la población y el aumento del índice de dependencia agravará esta situación de tal forma que, basándonos en las estimaciones demográficas del INE y las recomendaciones de la OMS, se necesitarán alrededor de 785.000 plazas residenciales en 2050, el doble de las existentes en 2018.

Según PWC, en 2050, será necesario cubrir aproximadamente 400.000 plazas adicionales, lo que supone la construcción de más de 100 residencias nuevas cada año. “Duplicar la actual cifra de residencias supondría, aproximadamente, una inversión de 35.000 millones de euros y la generación de 150.000 puestos de trabajo adicionales, lo que consideramos un reto factible y razonable pero que requiere de las condiciones necesarias para favorecer la inversión y de ese espíritu de colaboración con la Administración que, históricamente, ha funcionado en nuestro país”, señala Fernández-Cid.

El informe del sector también indica que, actualmente, hay proyectos en cartera de alrededor de 270 centros residenciales, con más de 25.000 plazas -de las cuales un 61% son del sector privado, ya sea de forma directa o mediante concesión- una cifra insuficiente, siquiera para cubrir el gap actual.

Motor de la economía

Las residencias son un motor de la economía y de la creación de empleo. Es un sector muy atomizado, en el que existen alrededor de 5.600 residencias, con una oferta de casi 381.000 plazas residenciales (frente a las 112.000 camas hospitalarias, por ejemplo), que genera una actividad económica de 4.500 millones de euros. Además, la dependencia tiene un importante efecto arrastre: por cada un euro ingresado en el sector, se generan 0,7 euros adicionales en el resto de la economía.

El volumen de facturación y la intensidad de creación de puestos de trabajo convierten al sector en una herramienta de reducción del déficit público. La actividad económica generada, de forma directa e indirecta, por el sector de las residencias revierte al Estado a través de una mayor recaudación por IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF y cotizaciones sociales. De acuerdo a los cálculos realizados por la FED, por cada un euro pagado en una residencia, el Estado recibe 0,41 € en tributos y cotizaciones. Si tenemos en cuenta que el estado financia solo una parte del precio, por cada 1 € de gasto público, recibe de vuelta 0,64 €.

En lo que respecta al empleo, cabe destacar que el sector de las residencias privadas emplea a más 155.000 trabajadores directos en 2018, alrededor de un 1% del total de ocupados en España.

Las residencias cuentan con unos gastos de personal muy elevados, ya que son muy intensivos en empleo. Alrededor de un 60% de los ingresos se destina a la retribución de los trabajadores, 2,2 veces más que la media del sector servicios en España.

Además, la actividad de las residencias contribuye, por un lado, a descargar de trabajo a los familiares de dependientes, ayudando a su incorporación al mercado laboral y mejorando su situación socioeconómica; y por otro, a emplear a personas de baja cualificación y por tanto con menor empleabilidad, reduciendo el gasto en prestaciones por desempleo: por cada euro pagado por una plaza, el Estado se ahorra 0,31 euros en prestaciones (0,47 euros por cada un euro de gasto público).

Respecto a los ingresos, el incremento de la actividad y el empleo por cada plaza de nueva creación en una residencia genera de forma directa un incremento en la recaudación por IVA (el tipo será del 4% o del 10% en función de si la plaza es pública, concertada o privada), IRPF y cotizaciones sociales, además del impuesto de sociedades sobre el margen de las residencias privadas, por lo que la una parte de la ayuda a la dependencia vuelve a las arcas del Estado a través de los impuestos.