El informe de la patronal madrileña de empresarios (CEIM) ‘La Tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional’en colaboración con el Instituto de Estudios Económicos (IEE) es contundente en cuanto al tratamiento tributario «lesivo» hacia el ahorro y con la mayor imposición de gravámenes al Patrimonio. Mientras la mayoría de países de nuestro entorno se dedican a bonificar o abolir estos impuestos, en España aún sigue existiendo con un tipo máximo de entre el 2,5% y el 3,75%, mucho más elevado que el resto de países de la OCDE.

Francia ha sido el último país que lo ha abolido en 2018, mientras Finlandia, Suecia o Luxemburgo lo hicieron entre 2006 y 2007. Solo Noruega mantiene un tipo de 0,85% al Patrimonio, pero no tiene impuesto de Sucesiones. Holanda si tiene impuesto al Patrimonio y Suceciones, con un tipo máximo que alcanza el 1,6%, pero no grava las rentas al ahorro, al igual que Suiza.

“La tributación efectiva sobre el ahorro en España genera doble imposición y es confiscatoria, en un momento en el que el Gobierno vuelve a subir Patrimonio y las rentas del ahorro en los Presupuestos de 2021”, destaca el informe. “La tributación del ahorro erosiona por completo los rendimientos e incluso los mengua, una situación sin parangón en nuestro entorno comparado”.

El Impuesto al Patrimonio se aplica aunque no genere ningún rendimiento o éste sea muy bajo, lo que a juicio del director de IEE, Gregorio Izquierdo, “es una tributación por encima del 100%, confiscatoria. El escudo fiscal, que impide que la tributación conjunta se sitúe por encima del 60%, no tiene en cuenta la no deducibilidad de los gastos financieros en los rendimientos mobiliarios, con lo que se tributa por una base mayor que el rendimiento real”.

El tipo marginal del Impuesto de Sucesiones pude alcanzar el 81,6% si se tiene en cuenta la escala progresiva del impuesto, a la que se une los coeficientes multiplicadores por parentesco y patrimonio preexistente.

El estudio recuerda que el Tribunal Constitucional alemán prohibió que el gravamen efectivo de la renta y el patrimonio supere el 50%, mientras que en Francia se situó en el 75%.

“El Impuesto sobre el Patrimonio es especialmente contraproducente por los significativos costes que incorpora al ahorro, la inversión y la actividad”, destaca los expertos. “Hay informes que afirman que su impacto neto sobre la recaudación global acaba siendo negativo a medio y largo plazo”.

España ya suprimió en 2008 este impuesto, pero volvió a recuperarlo en 2011 con la idea de hacerlo de forma transitoria, pero finalmente sigue vigente casi una década después, y en la peor crisis económica de la sociedad actual hasta el momento.