El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado el recurso de inconstitucionalidad el impuesto sobre viviendas vacías de la Generalitat. En 2016 ya lo recurrió el Gobierno central por fijar la base imponible del impuesto: los metros cuadrados de la vivienda, con un mínimo exento de 150 metros. El Tribunal, que suele dar 15 días para formular alegaciones, dejará en suspenso el plazo al Gobierno catalán “para evitar un conflicto de intereses” tras la aplicación del Art. 155 de la Constitución.

El recorrido contra este impuesto viene de largo. El Gobierno de Mariano Rajoy presentó en mayo de 2016 un recurso contra la ley catalana de julio de 2015 que impone un impuesto a las viviendas vacías. El TC admitió el recurso de inconstitucionalidad, pero levantó la suspensión cautelar en septiembre de ese mismo año a la espera de que el tribunal de garantías no resolviera el recurso impuesto contra ella. 

La ley, que fue aprobada el 21 de julio de 2015 por los votos favorables de CDC, UDC, ERC, C’s, y los contrarios de PSC, PPC, ICV-EUiA y la CUP, salió adelante con el objetivo de recaudar más de 8 millones de euros anuales y bajo el pretexto de tener un carácter social y potenciar el alquiler protegido. 

A finales de 2016, al cierre de los Presupuestos para 2017 de la Generalitat de Cataluña, volvían a mantener la tasa para pisos vacíos.  Entre las novedades estaba el dejar fuera a los propietarios particulaes y solo afectaría a viviendas superiores a 350 m2, es decir afectaba directamente a grandes tenedores de vivienda. Aunque reducía el número de contribuyentes, estimaban más recaudación, unos 10,9 millones de euros. Y, de nuevo, el Gobierno central volvió a presentar un recurso en su contra.

El equipo de Rajoy consideró que esa modificación seguía refiriéndose a un artículo que era objeto de impugnación ante el Constitucional “por su colisión con el impuesto sobre bienes inmuebles”.

El Tribunal ha acordado dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado, al Parlamento catalán y a la Generalitat, que tienen 15 días para personarse en el proceso y formular alegaciones. En el caso de los dos últimos, deja en suspenso el plazo de personación y formulación de alegaciones, debido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para “evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la comunidad autónoma de Cataluña”.