El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso una propuesta para poner fin a la paralización total de los planes urbanísticos. 

La formación registró la proposición de ley el pasado 5 de octubre y esta semana se ha reunido con los alcaldes de municipios afectados, representantes del sector inmobiliario y del derecho para explicar en qué consiste la iniciativa Se trata de una normativa que busca reforzar la seguridad jurídica de los desarrollos urbanísticos y evitar que los municipios caigan en un “limbo jurídico” por la parálisis completa de los planes generales urbanísticos. 

“En los últimos años han proliferado en varios Estados europeos, entre los que se encuentra España, las anulaciones de Planes de ordenación territorial y urbanística, amparadas en el dogma de la nulidad absoluta de los reglamentos ilegales. El dilatado transcurso de tiempo que media entre la entrada en vigor de dichos Planes y las sentencias que los anulan, así como la reviviscencia de planes anteriores, provoca una crisis en el sistema que pone en riego la propia credibilidad del ordenamiento jurídico“, dice textualmente la iniciativa.

Según Ana Zurita, la portavoz de vivienda del PP, “la anulación de una parte de un plan general urbanístico conlleva automáticamente la suspensión completa del mismo, hecho que provoca que entre en vigor el plan general anterior que, como tardan tanto tiempo en desarrollarse y aprobarse unos 15 años de media, hace que la realidad social y económica actual del municipio no se corresponda con la entrada en vigor de un plan anterior aprobado hace 30 años atrás”.

De hecho, el partido liderado por Pablo Casado calcula que unos 15 millones de personas viven en localidades afectadas por la derogación de los desarrollos urbanísticos; circunstancia que afecta tanto a las Administraciones Públicas como al sector privado, y que tiene efectos directos sobre las economías locales y los ciudadanos.

Por eso, la iniciativa popular propone que se puedan realizar paralizar una parte de los planes, en vez de su totalidad como sucede actualmente. 

“Con esta ley lo que planteamos es que se propicie la anulación de la parte afectada del plan general si la hubiere, no del plan general completo, lo que dejaría en vigor el resto del planeamiento general, de modo que el municipio pueda seguir desarrollándose con normalidad, con su previsión de suelo y crecimiento, y no se paralice la inversión”, ha destacado la portavoz de vivienda popular, quien añade que “de este modo, evitaremos a futuro la nulidad total y en cascada de los planes generales urbanísticos”.

Ya el pasado mes de abril, con Iñigo de la Serna como responsable de Fomento, el Ministerio empezó a diseñar un Anteproyecto de Ley para acabar con la judicialización de los desarrollos urbanísticos. Ya planteaba que los tribunales no puedan frenar los desarrollos en su totalidad y ‘salvar’ a los planeamientos de desarrollos, las licencias de obras o los instrumentos de gestión de los proyectos de la anulación en caso de que el plan sea frenado en los tribunales.

Más suelo finalista y estabilización del alquiler

Esta iniciativa popular, además de dar seguridad jurídica e impulsar el desarrollo económico, tiene otro objetivo: intentar estabilizar los precios del alquiler“Esta proposición es uno de los pilares necesarios para la obtención de suelo finalista para la construcción de vivienda social”, ha remarcado, “tan necesaria para estabilizar los precios del alquiler”, insiste el partido.

Y es que no podemos olvidar que, según los expertos en vivienda, la falta de suelo disponible para construir en las principales ciudades de España es una de las principales razones que ha empujado al alza el precio de los arrendamientos en los últimos tiempos.

Según explica Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, “las parálisis urbanísticas son la manera peculiar de arrastrar los pies de algunos políticos y la puerta de atrás para aplicar ideología sobre necesidad. Los procesos regulatorios para construir viviendas son cada vez más complejos y llegan a ser eternos precisamente en las zonas donde más están subiendo los precios: Madrid, Barcelona, los archipiélagos…”

En estas regiones, añade Encinar, “los gobiernos municipales y en algún caso autonómico se han mostrado beligerantes con la idea de construir más viviendas sin ser conscientes que el mayor perjudicado es el ciudadano, que ve cómo los precios no paran de subir y ve con impotencia que para comprar o alquilar tiene que irse cada vez más lejos de donde quiere vivir. En el caso de Madrid, por ejemplo, además de que ya apenas queda suelo disponible para nuevas casas el Ayuntamiento está claramente decidido a que los madrileños vuelvan a emigrar fuera de la capital, como ocurrió a comienzos de los años 80 cuando cerca de 300.000 personas tuvieron que irse de Madrid porque no había manera de poder comprar una vivienda”.

En esa misma línea, Pablo Presa, director de research y valoraciones de Foro Consultores Inmobiliarios, incide en que “la parálisis de los desarrollos urbanísticos está provocando una subida de precios importante en lugares como Madrid, lo que afecta además a los compradores con menos ingresos, especialmente a los jóvenes. El coste del suelo finalista repercute en el coste final de una vivienda. Un ejemplo de ello es que, en julio de 2015, el precio medio de la vivienda libre en El Cañaveral (Madrid) rondaba los 1.250 euros por m2 construido, mientras que ahora supera los 2.000 euros. En definitiva, estamos en un mercado al alza por la escasez de oferta y el desarrollo de viviendas protegidas está en mínimos”.