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El PP da un paso adelante para frenar una de las leyes catalanas más polémicas de los últimos meses. Pablo Casado ha fichado al expresidente de Ciudadanos, que ahora dirige el despacho de abogados Martínez-Echevarría & Rivera, para que prepare un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley catalana que topa los precios de los alquileres y que los populares van a interponer ante el Tribunal Constitucional.

El actual presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ya adelantó en el Parlament catalán que su partido estaba decidió a recurrir la polémica norma recientemente aprobada y ya en marcha que y que establece limitaciones a las rentas de los contratos de alquiler en áreas que hayan sido declaradas como «áreas con mercado de vivienda tenso» en Cataluña.

El Consejo de Garantías Estatutarias del Parlament catalán ya emitió un informe sobre el borrador de la norma y consideró que excedía de las competencias atribuidas al Parlamento conforme a la Constitución y el Estatuto. El sector inmobiliario catalán se ha mostrado en contra del cambio de reglas impuesto por la administración, y tildó la normativa de ilegal, disparatada y con efectos adversos.

Mientras se espera también que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) también tome alguna decisión sobre esta normativa autonómica. El secretario general de Vivienda, David Lucas, adelantó a idealista/news en una entrevista que  ”los servicios jurídicos de este Ministerio, y también del Ministerio de Economía, de Justicia y de Política Territorial, emitirán sus informes” para dar los pasos oportunos.

Pero el PSOE y Unidas Podemos ya adelantaron que se pretende implantar esta misma medida de control de los alquileres en zonas tensionadas a partir de 2021 a través de la nueva Ley de Vivienda que se encuentra en trámite, como parte el acuerdo de Gobierno para aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Según el acuerdo, la ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses.