Las Juntas de Compensación de los PAUs de Valdecarros, Berrocales y Los Cerros, situados en la llamada estrategia del sureste de Madrid, afirman que el Consistorio de Manuela Carmena se podría enfrentar a 1.580 millones de euros en indemnizaciones si continúa con la ejecución del plan director para la zona, que supone reducir la edificabilidad de la zona a la mitad prevista en el PGOU (53.000 viviendas). La puesta en marcha de este mecanismo se encuentra en los tribunales.

Nueva vuelta de tuerca en la confrontación entre el Ayuntamiento de Madrid y las Juntas de Compensación de los PAUs del Sureste tras la aprobación en Junta de Gobierno del Plan director para la zona. Tras el recurso contencioso-administrativo presentado el pasado mes de abril por los desarrollos de Valdecarros, Berrocales y Los Cerros ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ahora han publicado un informe sobre las consecuencias económicas que supondría para el Consistorio de Manuela Carmena seguir con las directrices de su Plan director.

Según calculan las Juntas “si el Ayuntamiento sigue por este camino, fuera de la legalidad vigente, las indemnizaciones a las Juntas podrían ascender a los 1.580 millones de euros”, afirmó Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asociación de Promotores y Constructores de Madris (Asprima).

Esta indemnización se calcula por los costes y gastos realizados por las Juntas, que con las directrices del plan director “resultarían inútiles y porque se impediría a los propietarios de suelo a participar en los desarrollos urbanísticos que ya se habían iniciado acorde al planeamiento vigente”, aclaran los expertos del estudio.

El desarrollo de los PAUS del Sureste suponía la construcción de más de 100.000 viviendas, la mitad de ellas con algún grado de protección. El Plan Director presentado por el Ayuntamiento de Manuela Carmena propone un “desarrollo ajustado a las previsiones de necesidad de suelo para vivienda y actividades económicas a corto, medio y largo plazo y plantea una redefinición para ajustar los usos dotacionales públicos, los usos residenciales y los usos de actividad económica”, lo que recorta el número de viviendas a 53.000 unidades.

“El Plan director del Ayuntamiento no pasa por ser un documento político”, concreta el presidente de Asprima. Eso quiere decir que no debe marcar el camino a los promotores para desarrollar el suelo, eso lo debe hacer el PGOU de 1997, que en 2013 validó la estrategia del sureste, y en 2016 fue corroborado por el Tribunal Supremo.

Entre decisiones judiciales, crisis económicas, burbujas inmobiliarias y cuatro legislaturas de gobiernos municipales, el Plan de desarrollo del Sureste lleva paralizado 15 años, y se prevé que seguirá otra legislatura más.