La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez

Europa Press

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este miércoles que el Gobierno estima que unos 150.000 pisos podrían ver regulado el precio del alquiler con la nueva Ley de Vivienda que han pactado PSOE y Podemos, al ser los que están en manos de grandes propietarios constituidos como personas jurídicas.

«Esa podría ser una cifra, pero hay que dejar que vaya operando el mecanismo y hacer un análisis de cómo vaya evolucionando el mercado», ha subrayado la ministra en declaraciones a Onda Cero recogidas por la agencia Europa Press.

La ministra ha explicado que la limitación de precios del alquiler, siempre que lo activen las comunidades autónomas, está pensando para grandes tenedores (más de 10 viviendas en propiedad) constituidos como personas jurídicas.

Para los pequeños propietarios, ha dicho, la ley no les obligará a topar los precios del alquiler, pero contarán con importantes incentivos que ayudarán a contenerlos.

«No cambiaremos las cosas de un día para otro, eso está claro, pero sentamos las bases para que la situación de la vivienda cambie y no sea imposible acceder a ella, sobre todo por parte de los más vulnerables», ha subrayado.

Esas 150.000 viviendas suponen cerca del 6% del parque total de viviendas en alquiler en España. Según el Consejo General de Economistas, existen cerca de 2,34 millones de inmuebles en arrendamiento en España, mientras que los cálculos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) apuntan a que se encuentra en torno a 2,57 millones. 

Además, como afirma Sánchez, esas 150.000 viviendas se verían afectadas si todas las autonomías deciden aplicar la regulación de las rentas. Una medida que descartan las comunidades en las que gobierna el Partido Popular, que ya ha anunciado su intención de llevar la Ley de Vivienda al Tribunal Constitucional. Por tanto, en regiones como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia no se pondrá en marcha.

Extremadura, por su parte, afirma que no tiene zonas tensionadas, por lo que no aplicaría la regulación, mientras que autonomías como Aragón y Cataluña han recordado al Gobierno central que la vivienda es una competencia autonómica y han alertado de que podrían tomar medidas si ven invadidas sus competencias. 

200 millones de euros anuales para el bono joven

Además, la ministra ha avanzado que el ‘bono joven’ para el alquiler de vivienda que se incluirá en la norma costará 200 millones de euros anuales y beneficiará aproximadamente a entre 40.000 y 50.000 jóvenes.

El ‘bono joven’ de vivienda, que tendrá una duración de dos años, estará dotado con 250 euros mensuales e irá dirigido a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. En los casos de las familias más vulnerables este ‘bono joven’ podrá completarse con ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor.

«Para los jóvenes, que hasta ahora han tenido imposible poder desarrollar su proyecto vital, con las medidas que se están activando vamos a cambiar mucho su expectativa de acceder a una vivienda», ha destacado la ministra.

Sánchez ha afirmado que con esta ley «hay regulación, no intervención», y ha asegurado que España «seguirá siendo un país atractivo» para hacer inversiones en el mercado inmobiliario y, en ese sentido, ha querido mandar «un mensaje de tranquilidad».

«No se hace totalmente inviable que los fondos de inversión inviertan», ha señalado la ministra, que ha insistido en que esta ley era necesaria para poner «freno» en un mercado, el del alquiler, que está «desbocado» en las grandes ciudades.