La Moncloa

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El Gobierno busca prolongar ‘in extremis’ el bautizado escudo social para paliar los efectos del covid-19. Si no hay cambios de última hora, el Consejo de Ministros aprobará hoy la ampliación de varias medidas que anunció en las primeras semanas de estado de alarma vinculadas al alquiler y que van destinadas a los inquilinos más vulnerables.

En concreto, está prevista la prórroga automática de los contratos de alquiler que venzan próximamente, la paralización de los desahucios por impago de la renta y un aplazamiento de las mensualidades cuando el propietario de la vivienda sea un gran tenedor. Y parte del Ejecutivo se inclina por prolongar su vigencia hasta el 31 de enero.

De momento se desconoce si habrá cambios en esa nueva fecha límite y si también se ampliarán otras medidas como el plazo para solicitar las ayudas al alquiler que se canalizan a través de la banca y el ICO (los famosos microcréditos, que vencen el 30 de septiembre) o si se ampliará la fecha para solicitar las moratorias hipotecarias, ya sea la oficial (promovida por el Gobierno) o la sectorial (la alternativa privada de la banca).

No obstante, fuentes financieras aseguran a idealista/news que el sector está abierto a negociar de forma individual con los clientes que tengan problemas para pagar la cuota del préstamo, a pesar de que expire el plazo para solicitar la moratoria. Tampoco está claro si las CCAA prolongarán las ayudas al alquiler por el covid-19 o si se ampliará la vigencia del bono social para pagar suministros básicos, que también expira a finales de este mes.

Repasamos en qué consisten las medidas que hay actualmente sobre la mesa:

1. Prórroga de los contratos de alquiler. En 1 de abril entró en vigor una prórroga extraordinaria de seis meses en los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual que vencieran en los dos meses siguientes a la entrada en vigor de la norma. Esto significa que el propietario no podría subir el alquiler durante el próximo medio año.

2. Una suspensión de los desahucios para aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad que se queden sin alternativa habitacional.

3. Los grandes tenedores de vivienda, obligados a ayudar a los inquilinos vulnerables. La medida que se aprobó el 31 de marzo y entró en vigor el 1 de abril incluía que, en el caso de que el propietario de la vivienda arrendada fuera un gran tenedor o un fondo de inversión (a partir de 10 inmuebles, ya sea persona física o jurídica), el inquilino vulnerable podría acogerse a una moratoria del pago de la renta mientras durara el estado de alarma o si persistía la vulnerabilidad. Para devolver estas rentras aplazadas, el gran tenedor podía decidir si realizar una quita del 50% de la deuda que se ha generado o una reestructuración de la deuda en los próximos tres años.

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