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Según adelanta el diario El País, el Ministerio de Justicia se encuentra en proceso de tramitación de dos anteproyectos de ley para agilizar los procesos judiciales que se eternizan y producen el colapso de los tribunales determinados como el caso de los juzgados especializados en cláusulas abusivas. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Economía a finales de 2020 aún quedan pendientes de resolución cerca de 240.000 demandas. A comienzos de 2019, los casos atascados llegaron a superar los 260.000 pleitos.

La tramitación de estos anteproyectos de ley llegará a las cámaras de representación a comienzos de 2022, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales con medidas más eficientes y favoreciendo el acuerdo extrajudicial entre el cliente afectado y el banco.

Por un lado, para favorecer la eficiencia procesal se quiere articular que las demandas por cláusulas abusivas se tramiten como juicios verbales, mucho más sencillos y rápidos que los juicios ordinarios. Se podrían hacer para cualquier cantidad reclamada y el juez podrá dictar sentencia oralmente.

Por otro lado, Justicia estudia aplicar el llamado ‘pleito testigo’, por el que solo se tramita un caso, mientras el resto se encuentran suspendidos, a la espera de una resolución. La sentencia firme de este pleito testigo servirá de modelo para el resto de casos similares, lo que permitiría agilizar los casos de cláusulas abusivas.

Además de estas dos medidas que afectan a la eficiencia de los tribunales, hay una tercera que obligará a la negociación previa antes de interponer demanda. Si finalmente se llega a juicio el banco no podrá alegar motivos diferentes con los que ya denegó la reclamación inicial. Los tribunales también estarán atentos a si hay un abuso del servicio público de Justicia que podría desencadenar en una sanción, además de la imposición de costas.

Finalmente, el otro anteproyecto de ley se está regulando la organización de los futuros Tribunales de Instancia, cuya función estará en unificar prácticas y criterios cuando hubiera diferentes interpretaciones, una situación que suele ocurrir en los casos de cláusulas suelo y otras abusivas.