El Consejo de Ministros ya ha dado luz verde al borrador del Plan de Presupuestos Generales del Estado de 2019, coincidiendo con la fecha límite que tiene el Gobierno para mandar la documentación a Bruselas.

Además, la aprobación se produce días después de que el Ejecutivo y Unidos Podemos alcanzaran un acuerdo para aprobar las cuentas públicas (un acuerdo en el que el alquiler ha tenido un papel protagonista), que necesitan contar con el beneplácito de la Comisión Europea y del Congreso de los Diputados. 

Estos nuevos Presupuestos contemplan un cuadro macroeconómico algo más modesto del que estaba previsto hasta ahora; al menos, en lo que se refiere al crecimiento económico y a la reducción del paro y el déficit público.

En concreto, el Ministerio de Economía estima que el PIB doméstico crecerá un 2,6% este año y otro 2,3% en 2019. En ambos casos, supone rebajar en una décima las previsiones que se manejaban hasta la fecha. Además, no podemos olvidar que el Gobierno ya recortó en verano el pronósitico de cara a 2021. 

La nueva previsión está en línea con las que manejan el Banco de España y la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), aunque es algo más baja que la calculada por el consenso de expertos (2,7%) y organismos internacionales como la OCDE y la Comisión Europea (2,8%). El FMI, por su parte, adelanta un alza del 2,7% para este año.

El escenario se complica todavía más para otra de las variables más importantes: el desempleo. Según el Ejecutivo, este año la tasa de paro se situará en el 15,5%, para bajar hasta el 13,8% a finales del ejercicio que viene.

En este caso, la previsión oficial sí marca distancias con el regulador de la banca, cuya última actualización apuntaba a un paro del 14,6% en 2018 y del 13,2% en 2019; y con el Panel de Funcas (que recoge las previsiones de empresas, institutos de estudios y patronal), que sitúa la tasa de paro en el 15,3% este año y en el 13,6% en 2019. Ahora bien, sí parece haber consenso en situar la tasa por debajo del 14% el año que viene. 

Las exportaciones, por su parte, también se reducirán más de un punto en cada ejercicio, al crecer previsiblemente un 3,2% este año y un 3,4% el próximo. En lo referente a la deuda pública, el Ministerio cree que en 2019 se situará por debajo del 96% del PIB.

Otra de las previsiones que contempla el Plan Presupuestario es la reducción del déficit público, aunque en este caso no hay sorpresas. Como ya anunció el Gobierno, en 2018 el nuevo objetivo es del 2,7%, frente al 2,2% previo, mientras que en 2019 se sitúa en el 1,8%, frente al 1,3% anterior; un objetivo que Economía ha tildado de “crucial y apropiado”, a pesar de que el Pleno del Congreso ya rechazó esta nueva senda a finales de julio. 

Además, el Ejecutivo mantiene el techo de gasto que aprobó en julio, que contempla un repunte del 4,4% para el año que viene, tras pasar de 119.834 a 125.064 millones de euros. “Se puede hacer una política económica responsable que conjugue disciplina fiscal con lucha contra la desigualdad”, ha asegurado Nadia Calviño, ministra de Economía, durante la presentación del nuevo cuadro marcoeconómico.

Calviño también ha insistido en que el Plan Presupuestario cumple con la disciplina fiscal, garantiza la sostenibilidad a largo plazo de la economía y cumple con los ciudadanos, recuperando la función redistributiva de la política fiscal. 

Variable 2018 (% anual) 2019 (%anual)
PIB real 2.6 2.3
Consumo final 2.2 1.8
Inversión (FBCF) 5.3 4.4
Exportaciones 3.2 3.4
Importaciones 4 3.8
Tasa de paro 15.5 13.8
Déficit público 2.7 1.8

 

Casi 4.500 millones de ingresos extra

La pregunta del millón es cómo va a conseguir el Ejecutivo cuadrar las cuentas del próximo año si la economía y la creación de empleo se van a desacelerar. Y la respuesta es a través de varios cambios impositivos (subidas de tributos y creación de nuevos), con los que espera recaudar 4.489 millones de euros adicionales; importe que se eleva a 5.678 millones si se incluyen los recursos que conseguirán todas las Administraciones.

Dentro de esta cantidad se incluye la eliminación de exenciones y deducciones a las empresas a través del Impuesto de Sociedades (1.776 millones), la puesta en marcha de la llamada ‘Tasa Google’, que grava los beneficios de las grandes compañías tecnológicas (1.200 millones), el aumento del IRPF para las rentas más altas (328 millones), el impuesto al diésel (670 millones) o la lucha contra el fraude (500 millones). También se suman los 850 millones del nuevo impuesto a las transacciones financieras (que gravará la compraventa de acciones), así como los 339 millones procedentes del alza del Impuesto de Patrimonio, cuando se superen los 10 millones de euros.