José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana / Gtres

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana / Gtres

El Gobierno saca adelante a última hora una prórroga de dos de las medidas estrella en materia de alquiler que anunció en las primeras semanas de estado de alarma para paliar los efectos del covid-19: los microcréditos para pagar el arrendamiento y que se canalizan a través de la banca y el ICO, y las ayudas que gestionan las comunidades autónomas. El plazo de las solicitudes en ambos plazos expiraba este mismo 30 de septiembre.

La luz verde ‘in extremis’ de ambas medidas se va a llevar a cabo a través de dos Órdenes Ministeriales que van a ser aprobadas hoy por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y que se publicarán en el BOE de forma inminente, según explican a idealista/news fuentes del Ejecutivo.

En el caso de los microcréditos del ICO, la nueva fecha límite para realizar las solicitudes es el próximo 30 de noviembre y podrán formalizarse hasta el 31 de diciembre, mientras que en el caso de las ayudas que gestionan las CCAA, la ampliación es ‘sine die’, aunque dentro del marco del actual Plan de Vivienda 2018-2021. Es decir, que todas las ayudas ligadas al alquiler de vivienda que formen parte del programa específico del covid-19 podrán solicitarse hasta finales del año que viene (siempre que existan fondos para ello).

En este sentido, fuentes del Ejecutivo recuerdan que el Estado transfirió en abril casi 450 millones de euros a las CCAA, de los que 100 millones se correspondieron con un fondo extraordinario para las ayudas al alquiler por el covid-19 y el resto, con la dotación anual del Plan de Vivienda. No obstante, muchas autonomías aseguran que los recursos son insuficientes como para atender el aluvión de peticiones recibidas, incluso después de incrementar el presupuesto previsto inicialmente. Un ejemplo de ello lo protagonizan Cataluña y Canarias, que se vieron obligadas a paralizar la recepción de nuevas solicitudes en junio, pocas semanas después de abrir la convocatoria.

¿Y en qué consisten estas medidas?

– Ayudas al alquiler a través del ICO: Son préstamos por un importe máximo de seis mensualidades de hasta 900 euros al mes, lo que supone un montante total de 5.400 euros. Estos ‘minicréditos’ están avalados al 100% por el Estado y no supondrán coste alguno para el beneficiario, ni gastos ni intereses a familias que, como consecuencia de la pandemia, se encuentren en dificultades para hacer frente a la renta de sus alquileres de vivienda habitual.

El plazo para devolver el dinero es de seis años, prorrogables por otros cuatro ejercicios más (10 años en total), aunque se pueden realizar amortizaciones parciales o totales sobre el importe solicitado sin que el banco pueda aplicar comisiones por ello. 

>> Consulta aquí más información sobre requisitos y la documentación a presentar

– Ayudas al alquiler a través de las CCAA. Se trata de una línea de ayudas de un máximo de 900 euros al mes durante seis meses y del 100% de la renta (en caso de no superar dicho límite), y de 200 euros adicionales para suministros básicos, comunidad y mantenimiento. Un dinero que se puede destinar al pago de la renta o del préstamo suscrito con el ICO que mencionábamos en el punto anterior.

El inquilino es el encargado de pedir la ayuda del alquiler por el covid-19 en su autonomía de residencia, aunque es el propietario de la vivienda el que recibe directamente el importe. Cada región establece sus propios requisitos; por ejemplo, el importe máximo a recibir o condiciones concretas para colectivos como víctimas de la violencia de género o personas especialmente vulnerables. De momento está por ver si las regiones en las que ya había expirado el plazo de presentación o las que mantienen congeladas las ayudas van a reactivar la convocatoria.

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Sin desahucios, prórroga de contratos y moratorias hasta enero

El contenido de ambas Órdenes Ministeriales impulsadas por la Cartera que dirige José Luis Ábalos se suma a las medidas que aprobó ayer el Consejo de Ministros: la prórroga automática de los contratos de alquiler que venzan en los próximos meses, la paralización de los desahucios por impago de la renta y un aplazamiento de las mensualidades cuando el propietario de la vivienda sea un gran tenedor o una entidad pública.

En concreto, el Ministerio explica que «se amplía hasta esa el 31 de enero de 2021 los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes y que el propietario (persona física) no hubiese comunicado la necesidad de la vivienda para sí, en cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos». 

También se ha ampliado hasta finales de enero la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad que se queden sin alternativa habitacional. Por último, «se extiende también hasta el 31 de enero de 2021 la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en los términos establecidos en el referido Real Decreto-Ley 11/2020″.  La medida, por tanto, no afecta a los pequeños propietarios de vivienda, sino a los que tengan al menos 10 inmuebles.

Según la normativa, el gran tenedor puede decidir entre realizar una quita del 50% de la deuda que se ha generado o una reestructuración de la deuda en un plazo de hasta tres años.

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Por último, el Gobierno también ha dado luz verde a una ampliación de los plazos para acceder al bono social eléctrico. Las unidades familiares en la que alguno de sus miembros se encuentre en situación de desempleo, de ERTE o que haya visto reducida su jornada por motivo de cuidado podrán tener una reducción directa en la factura de la luz hasta junio de 2021.

La extensión también se hace para los empresarios que afrontan situaciones similares y que, por tanto, estén sufriendo una pérdida sustancial de los ingresos. El bono social eléctrico ya beneficia a 1,3 millones de consumidores

Acaban las moratorias hipotecarias

A pesar de que se prolongan las moratorias vinculadas al alquiler, el Gobierno no ha anunciado prórrogas para el plazo de solicitud de las moratorias en materia hipotecaria, que también expiran esta semana.

No obstante, fuentes financieras aseguran a idealista/news que el sector está abierto a negociar de forma individual con los clientes que tengan problemas para pagar la cuota del préstamo, a pesar de que terminen los plazos.

Extensión del bono social hasta junio de 2021 para afectados por el covid-19

El Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo recoge además la ampliación del bono social a los colectivos en situación de vulnerabilidad económica provocada por la actual crisis del covid-19.

Esta extensión del descuento en la factura de la luz se aplicará si el titular del suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, se encuentra en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o ha visto reducida su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.

Si anteriormente se tenía en cuenta la renta de año anterior a la solicitud del bono social, ahora es necesario presentar el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar del mes anterior. Tendrán derecho a percibirlo si cumplen los requisitos hasta el 30 de junio de 2021. Después de esa fecha podrá seguir al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

El bono social eléctrico ya beneficia a 1,3 millones de consumidores. El bono social eléctrico se extiende además al bono término. Además, se mantiene la prohibición de cortar el suministro a los colectivos vulnerables.