Por cuarto año consecutivo, el Fondos Social de Viviendas (FSV) seguirá funcionando para dar acceso a un hogar a familias vulnerables con alquileres entre 150 y 400 euros. El Gobierno prorroga hasta el 17 de enero de 2019 las ayudas al acceso a un parque de viviendas que ya alcanza los 9.900 pisos, procedentes de los balances inmobiliarios de los bancos.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido prorrogar por cuarto año consecutivo el Fondo Social de Viviendas (FSV). Una medida que se puso en marcha en enero de 2013 para paliar las consecuencias de los desahucios y ejecuciones hipotecarias durante los peores años de la crisis económica.

Pese a que la situación ha mejorado desde hace cuatro años, aún hace falta que este parque de viviendas en alquiler, por lo que hay que pagar entre 150 y 400 euros, sigua funcionando para dar una alternativa habitacional a las familias más vulnerables.

En la actualidad, el Fondo Social cuenta con 9.900 viviendas procedentes de las entidades financieras y a finales del tercer trimestre de 2017 se habían realizado más de 9.500 contratos de alquiler.

El Fondo Social de Viviendas se unió a otras medidas del Gobierno para intentar contener el clamor social contra los desahucios y las ejecuciones hipotecarias como el Código de Buenas Prácticas Bancarias o la moratoria a las ejecuciones. De hecho, según fuentes del Ejecutivo central, entre el tercer trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2014, las ejecuciones han caído un 84%.

Cabe recordar que al FSV pueden acceder las personas físicas que hayan perdido la vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y que en el momento de la solicitud de la vivienda los ingresos familiares no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM (en la actualidad, 7.519,59 euros al año en 14 pagas),

Tampoco puede disponer de otra vivienda en propiedad o en usufructo. Y además, deberán encontrarse en uno de los siguientes supuestos de especial vulnerabilidad:

  1. Unidad familiar con hijos menores de edad.
  2. Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo.
  3. Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite.
  4. Unidad familiar en la que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado sus prestaciones.
  5. Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género.
  6. Personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone un activo indispensable para su inclusión social.
  7. Personas mayores de sesenta años.
  8. Personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos.
  9. Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las mencionadas.