Gtres

Gtres

El decreto antidesahucios que prepara el Gobierno lleva un mes sobre la mesa. Un mes en el que ha estado envuelto en polémica.

Si no hay cambios de última hora, el Consejo de Ministros aprobará la normativa esta misma semana, con el objetivo de que los inquilinos vulnerables puedan permanecer en la vivienda en la que residen, aunque no pagar el alquiler. A pesar de que las asociaciones que agrupan a los propietarios se muestran a favor de pactar soluciones con los hogares afectados por la crisis del covid-19, se oponen a tener que aplicar medidas similares para los que no tienen un contrato de alquiler vigente.

Además, piden una compensación a los propietarios al entender que la paralización de los desalojos por el impago de la renta supone una expropiación temporal de su derecho de uso sobre sus inmuebles y que la medida debe ser equilibrada entre las partes.

Estas indemnizaciones permitirían cubrir las pérdidas que va a provocar esta medida y que, según los cálculos de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), podrían superar de media los 9.000 euros por propietario y provocar en total una morosidad de más de 132 millones de euros. Unas cifras calculadas a partir de los datos de lanzamientos por impago de alquiler que ofrece regularmente el Consejo General del Poder Judicial y la renta media de alquiler en España.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler, explica que «el cálculo económico es muy sencillo y la cifra puede ser aún mayor, desde la primera suspensión de los lanzamientos, por la publicación del  R.D del 31 de marzo, hasta la última prórroga, que previsiblemente será aprobada antes de fin de año, y durará hasta la finalización del estado de alarma prevista para el 9 de Mayo de 2021, van a pasar 14 meses, donde muchos propietarios no han cobrado todavía sus rentas, y tomando el precio medio del alquiler en España (674 euros, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), la morosidad media llegaría a los 9.436 euros por propietario”.

Y añade que la cifra «todavía puede ser aún más dramática cuando el propietario vaya finalmente a recuperar la vivienda se puede encontrar con desperfectos y en algunos casos con impago de suministros, que pueden tranquilamente duplicar esa cantidad de impago anteriormente señalada». 

Zurdo también recuerda que muchos propietarios afectados por particulares que sufren problemas económicos y que el alquiler es su principal fuente de subsistencia, de ahí que considere necesaria una compensación.

«Si el Gobierno interviene para paralizar otra vez los desahucios y para prorrogar de nuevo de forma obligada todos los contratos de arrendamiento que venzan hasta la finalización del estado de alarma, estaría limitando temporalmente el derecho de los propietarios a usar sus viviendas y obtener sus frutos (renta de alquiler). Es como si se les expropiara temporalmente a los propietarios su derecho de dominio; por ello, por esta limitación del dominio, el Gobierno tiene que compensar a los arrendadores, como si de un ‘justiprecio’ se tratara, con una indemnización justa que compense la limitación del dominio realizada, sobre todo en caso de arrendadores particulares, que pueden perfectamente estar viviendo la misma situación de vulnerabilidad que los inquilinos”, aclara el director general de Agencia Negociadora del Alquier, quien recuerda que «hay miles de propietarios que no cobran sus rentas desde hace mucho tiempo, y para ellos no hay ningún tipo de ayudas, y no pueden esperar ni un solo mes más para cobrar sus rentas”.

Además, Zurdo alerta de las consecuencias de la inseguridad jurídica que pueden provocar este tipo de medidas, sobre todo las que amparan la okupación. La asociación de propietarios ASVAL, por ejemplo, aseguraba la semana pasada que este decreto supone legalizar la ocupación ilegal y alertaba de que el Estado tendría responsabilidad patrimonial y legal por la expropiación del derecho de uso de los propietarios de sus activos.

No obstante, el Gobierno sí ha planteado una indemnización para los propietarios que se vean afectados por la paralización de los desahucios, incluyendo tanto particulares como grandes tenedores de viviendas. Si no hay cambios de última hora, los arrendadores tendrán derecho a solicitar una compensación por el perjuicio que le haya ocasionado la suspensión del desahucio de una familia vulnerable, una vez transcurridos los tres meses que tendrá la Administración para ofrecer a esa familia una solución habitacional, y dicha indemnización será el precio medio del alquiler de la zona en la que se ubique la vivienda.