Varias voces del sector inmobiliario han recibido con ‘peros’ y críticas la decisión del Gobierno de polongar hasta el 31 de enero la fecha para prohibir los desahucios por impago del alquiler, la prórroga automática de los contratos de arrendamiento y la obligación de los grandes tenedores de viviendas y entidades públicas a renegociar la renta con los inquilinos vulnerables afectados por la crisis del coronavirus.

Unas medidas que aprobó este martes, 29 de septiembre, el Consejo de Ministro, apenas un día antes de que expiraran y que llevan en vigor desde el 1 de abril.

Pocas horas después de que el Consejo de Ministro anunciara la ampliación de los plazos, empezaron las valoraciones de diferentes voces del sector inmobiliario, que las califican de insuficientes. Las críticas se centran principalmente en la prohibición de que se produzcan desahucios por impago del alquiler.

Por ejemplo, José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler, valora de forma positiva la prórroga de las medidas aprobadas en el Real Decreto Ley del mes de marzo, pero puntualiza que «siempre y cuando se siga garantizando el pago de las rentas de alquiler a los propietarios».

«Creemos que el escudo social que ha puesto en marcha el Gobierno para proteger el alquiler debe incluir también a los propietarios particulares, que son más del 95% del mercado de alquiler en España. Si los propietarios particulares siguen cobrando sus rentas o en su caso se respetan los acuerdos de moratoria que se hayan pactado con el inquilino, esta prórroga no tiene por qué ser perjudicial para los propietarios. Ahora bien, si en algún caso los propietarios están sufriendo impagos por esta situación excepcional, entendemos que la prórroga de estas medidas alargará la morosidad que están sufriendo y no podrán recuperar sus viviendas», expone Zurdo.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), por su parte, va un paso más allá y duda de que la efectividad de la medida, al considerar que a largo plazo acabará lastrando el acceso a la vivienda por parte de los hogares con menos recursos.

En concreto, Beatriz Toribio, portavoz de la asociación, cree que «la Administración no está tomando las medidas necesarias para desarrollar el alquiler y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad». En su opinión, «se necesitan medidas que fomenten el alquiler, no que lo desincentiven, y establecer un sistema de ayudas públicas a los inquilinos con menores recursos, que son quienes más están sufriendo la situación actual».

Toribio incide en que «la solución no pasa por prolongar la prohibición de los desahucios, porque genera más inseguridad jurídica y provocará que se contraiga la oferta y la inversión para aumentar el parque de viviendas en alquiler», lo que, a la larga, «dificultará el acceso a la vivienda de los inquilinos con menos recursos».

ASVAL cree que, en vez de paralizar los desahucios y ampliar las moratorias cuando el propietario sea un gran tenedor de viviendas o una entidad pública, la solución sería conceder ayudas directas para que los inquilinos más vulnerables puedan pagar la renta, e insiste en la puesta en marcha de un fondo de 700 millones de euros anuales.

También considera imprescindible que aumente la colaboración público-privada para desarrollar la oferta. «En España falta vivienda en alquiler social y asequible, y para desarrollarla es imprescindible la colaboración público-privada y la Administración tiene que liderar esta colaboración». También ve necesario aumentar la dotación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en política de vivienda, que en la actualidad es de 679 millones de euros, frente a los 1.600 millones de 2009.