Gtres

Gtres

Llevamos más de una década siendo el peor país de Europa en términos de déficit público y uno de los peores en términos de “agujero” de la Seguridad Social. Este año el déficit superará holgadamente el 10% del PIB y el sistema seguirá aumentando sus números rojos, pero no es algo nuevo.

La situación se agravó considerablemente con la famosa “devaluación interna”, que no consistía en otra cosa que devaluar los salarios de los trabajadores españoles respecto de sus homónimos europeos. El hecho es que España se ha convertido en un país tercermundista en materia de salarios en la Unión Europea, y ello tiene sus consecuencias, ya que la recaudación de IRPF, las cotizaciones sociales a la Seguridad Social y la recaudación por IVA son un porcentaje de los ingresos y, si en España se cobra la mitad de sueldo que en los principales países europeos, lógicamente se recauda (según estratos de población) más o menos la mitad de impuestos y de cotizaciones sociales que en Europa, y de ahí que tengamos el déficit público y el “agujero” de la Seguridad Social antes indicado.

Las cifras son elocuentes, si consideramos como salario medio el de los trabajadores a tiempo completo en empresas de más de 10 trabajadores. Los españoles cobran de media 27.537 euros al año, mientras que los daneses cobran 57.312 euros, los holandeses 53.185 euros, los alemanes 52.185 euros y los belgas 49.565 euros.

Sorprende, por ejemplo, que los irlandeses, que no son ninguna potencia mundial, y que además tuvieron que ser rescatados por la Unión Europea hace una década, tengan un salario medio mensual de 48.806 euros. Y todo ello, sin llegar a Suiza que cobra salarios casi tres veces mayores que los españoles.

Las raíces del problema las tenemos en nuestro tejido productivo. Más del 40% del PIB depende del turismo, hostelería, restauración, actividades inmobiliarias y construcción (vamos “cerveza y ladrillo”), mientras que en los últimos 25 años el sector industrial ha pasado de representar el 33% a tan solo el 16%. Y, mientras tanto, lo único que se ha incrementado ha sido el número de empleados del sector público, que está en máximos de 3,2 millones (ahí no ha habido devaluación interna).

Cambiar de modelo productivo en un país puede llevar dos décadas, y cuanto más tarde se empiece peor. En España, trabajan en el sector privado el 33% de los españoles; ello significa que con sus salarios deben alimentarse a sí mismos y al 67% restante; es decir, a los 3,2 millones de empleados públicos, a los 3,8 millones de parados oficiales, a los 9 millones de pensionistas, a los 10 millones de estudiantes, y a los 5,5 millones de familiares que no trabajan (amas de casa, personas que no buscan empleo, economía sumergida, etc.). Este es el esquema que resume la realidad sociolaboral del país a cierre del primer trimestre del año:

Este ratio es muy malo, y claramente peor que la mayoría de los países de nuestro entorno, pero además, en materia contributiva es todavía peor, ya que de los 15,5 millones que trabajan en el sector privado, un tercio son mileuristas o “nimileuristas”, y en la legislatura de Mariano Rajoy se acordó que no pagaran impuestos (los que ganen menos de 12.800 euros al año); algo parecido se hizo con los jubilados (son muchos votos), y se acordó que dos terceras partes (los que ganen menos de 17.600 euros al año) tampoco tributen.

Con las cifras anteriores, nos queda que, por imposición directa, tan solo tributan de manera efectiva (cuotas líquidas significativas, ya que muchas son testimoniales) apenas 7,3 millones de personas, es decir, las clases medias. El resto tributa por IVA, pero su capacidad de consumo es muy escasa, por lo que los ingresos del Estado son pocos. Probablemente, se echarán en falta en estos cálculos las aportaciones de los funcionarios, pero no son tales, ya que, si un funcionario gana 100, se queda con 80 de salario e ingresa los 20 en Hacienda, pero los 100 que gana el funcionario se pagan con las aportaciones de los empleados del sector privado; es decir, que los impuestos que pagan los funcionarios provienen también de una transferencia previa de los trabajadores del sector privado.

Por tanto, o se pone a la gente a trabajar y se les pagan salarios superiores, o se disminuye el tamaño del sector público y las prestaciones por jubilación; no hay otra, y de lo que se haga va a depender que nos lleguen los 140.000 millones prometidos por la Unión Europea, o en caso contrario, un rescate a la griega.

Como el empresariado español está a la suya (compro por 10 y vendo por 15, I+D casi inexistente, etc.), no quedaría más remedio que cimentar el plan de choque en un impulso decidido por parte del Estado de la inversión pública (anatema para los neoliberales), la cual ha disminuido un 70% desde 2008 hasta la actualidad. Este plan debería basarse en la sustitución de gasto público por inversión pública, sustituyendo coste de 700.000 funcionarios (pasando de 3,2 millones a 2,5 millones) por inversión pública, creando puestos de trabajo bien remunerados (efecto de competencia con el sector privado para que retengan talento subiendo salarios) en empresas de futuro (baterías de litio, coches eléctricos, start-ups tecnológicas, repositorios sanitarios, inmuebles cuyo único uso sean los alquileres a un precio razonable, etc.) las cuales, cuando entren en rentabilidad, se puedan someter a una OPV en bolsa para atomizar su propiedad y sacarlos del sector público (moderamos el anatema).

Ello generaría puestos de trabajo directos e indirectos, y posiblemente ingresos por plusvalías para el Estado, eliminando la sangría de 700.000 funcionarios todos los años. Además, no habría que despedir a nadie; en la actualidad el 61% de los funcionarios tiene más de 50 años; es una fuerza de trabajo envejecida, que se va a jubilar a una media de 125.000 empleados públicos por año; en seis años se habrían liberado los 700.000 funcionarios necesarios y se habrían ahorrado más de dos mil millones de euros anuales.

Con 12.000 millones de euros se pueden crear muchas empresas productivas y competitivas en el entorno europeo, se puede generar mucho empleo de calidad y bien retribuido y se puede reorientar el modelo productivo. Y, tranquilos, que esos 700.000 funcionarios no son necesarios; en la legislatura de Adolfo Suárez apenas había 1,5 millones de empleados públicos, y muchos eran militares, policías o guardias civiles, dado que veníamos de una dictadura.

Cuarenta años después, y con los avances de la robótica que han automatizado la mayor parte de las funciones administrativas, resulta que tenemos 3,2 millones, de los cuales 1,7 millones están en las comunidades autónomas, que no existían en la época de Suárez.

Este despilfarro debe cesar, entre otras cosas porque no podemos permitírnoslo y estamos en una situación próxima al no retorno. O nos hacemos “europeos” de una vez por todas, o comenzamos a mirar lo que pasa al otro lado del Estrecho. Llevamos 20 años de legislaturas penosas, de políticos sin talla de Estado y poniendo parches a los importantes problemas que nos aquejan. O los políticos cambian, o tendremos que cambiarlos. La regeneración pasa por la sociedad civil y por las aportaciones de tecnócratas experimentados, no por ideólogos con el currículo vacío.

Tratemos de evitar el más que probable rescate de 2022… Un poquito de por favor…