Ada Colau vuelve a ponerse en contra del negocio inmobiliario residencial con un nuevo cambio de reglas del juego. Si hasta ahora la obligación era reservar un 30% de nuevas viviendas en promociones de más de 600 m2, la alcaldesa ha propuesto en el borrador de la Modificación del Plan General del barrio de Gràcia que en este distrito el mínimo sea de 400 m2. Se trata de un golpe para las promotoras de la zona que estudien levantar obra nueva.

Según explican desde el consistorio, “en Gracia no hay solares libres o sectores en transformación donde poder construir un número importante de viviendas de protección. Por eso, la única solución posible para promover es recurrir a la calificación urbanística de vivienda de protección oficial que prevé el planeamiento”.

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona propone algunas nuevas medidas. Una de ellas, y la más polémica para el sector, es “profundizar en la medida que obliga a reservar para vivienda de protección el 30% de las nuevas construcciones de viviendas”.

“La normativa vigente prevé que en toda la ciudad la reserva se tiene que hacer en promociones que se desarrollen en parcelas de más de 600 m2 de superficie. En el caso de Gracia, se propone que la superficie mínima sea de 400 m², puesto que en Gracia los solares son más pequeños”. Con esta medida, el consistorio prevé generar 400 nuevas viviendas a largo plazo.

Entre otras medidas, el consistorio de Colau también propone que las plantas bajas que se conviertan a vivienda tengan que hacer el cambio a vivienda de protección, creando así unas 800 nuevas viviendas a largo plazo a raíz de este cambio.

Además, propone limitar la subdivisión de las viviendas existentes. “Teniendo en cuenta que en Gracia los pisos ya son pequeños (un tercio tienen menos de 60 m²),solo se admitirá la subdivisión de las viviendas de más de 160 m² de superficie, siempre y cuando las nuevas viviendas se destinen a vivienda de protección. Con esta medida se calcula que se podrán crear unas 450 viviendas nuevos a largo plazo.

El consistorio también prevé actuaciones para hacer unas 50 viviendas de protección oficial nuevas. “Con la aplicación a lo largo del tiempo de estas medidas se prevé la creación a largo plazo de unas 1.700 viviendas de protección nuevas en Gracia. “Serán de iniciativa privada (excepto los 50 públicos), y se irán construyendo a medida que se vaya rehabilitando el tejido”.

Una medida polémica

En diciembre de 2018, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, conseguía aprobar una de las medidas más importantes de su programa electoral. Gracias al acuerdo con el ahora exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, el Ayuntamiento pudo obligar a los promotores a destinar un 30% de sus grandes proyectos o rehabilitaciones a vivienda protegida. Tres años más tarde, los profesionales denuncian que está medida ha ahuyentado la inversión y la ha desplazado hacia Madrid y su área metropolitana.

Una situación, que de todos modos, ya denunció en julio de 2019 la Apce (Asociación de promotores de Cataluña) con datos en la mano. En este sentido, el organismo anunció que durante el primer trimestre de 2019, en Barcelona se iniciaron las obras de 271 viviendas, o lo que es lo mismo, un 62,9% menos que en el mismo periodo de 2018.

Después de dos años y una pandemia mundial, el problema no ha mejorado, sino que ha ido a peor. Así lo ha reflejado en distintas ocasiones el propio presidente de la Apce: “La medida se aprobó sin contar con la opinión de los profesionales, que son los que conocen el mercado, y de espaldas al sector”, dice Xavier Vilajoana. Una medida que obliga a destinar a VPO un 30% de la superficie de todas las obras de nueva construcción y grandes reformas en parcelas de más de 600 m2.

Además, el representante del 80% de las promotoras de Cataluña avisó de una fuga de inversión de la capital catalana hacia las áreas metropolitanas de la ciudad de Barcelona y a Madrid. “Muchas empresas que solían edificar en Barcelona ahora han desviado sus inversiones hacia otras localidades como L’Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern, Molins de Rei y Montcada i Reixac, y también hacia capital de España”, asevera.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona asegura que la medida no ha detenido al sector. Así, defiende que desde la puesta en marcha de la medida el número de licencias concedidas de viviendas libres es similar a otros años: en 2017 se alcanzaron las 1.823; en 2018 las 2.526 y en 2020 se superaron las 2.100.