La consellera Meritxell Borràs y el secretario de Vivienda y Mejora Urbana, Carles Sala. / Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

La consellera Meritxell Borràs y el secretario de Vivienda y Mejora Urbana, Carles Sala. / Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

La Generalitat de Cataluña recaudó en 2016 18,5 millones de euros gracias al impuesto sobre viviendas vacías, regulado por la Ley 14/2015. En su segundo año en vigor el tributo ha embolsado un 63% más a los 11,3 millones en 2015. La consellera de Vivienda, Meritxell Borràs, ha explicado que con este dinero podrán comprar 350 pisos que vengan de desahucios o daciones en pago, con el objetivo de seguir ampliando el parque público de vivienda. 

Aquellos pisos que las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o fondos de inversión tengan vacío más de dos años sin causa justificada deben pagar este tributo al gobierno catalán. En esta segunda liquidación del impuesto, presentada ayer por la consellera Borràs y el secretario de Vivienda y Mejora Urbana, Carles Sala, ha supuesto 7 millones de euros más que en 2015 para las arcas públicas.

En 2016 la Generalitat recibió el pago de este tributo de un total de 12.460 viviendas. Todo ese parque inmobiliario suma más de un millón de m2. Eso se traduce en unos 1.500 euros por piso vacío, teniendo en cuenta una media de 80 m2 por piso. Pero cabe recordar que con los presupuestos de 2017 la Generalitat reformuló el impuesto para afectar solo a grandes tenedores y nunca al propietario particular: para el próximo ejercicio solo sufrirán el impuesto las viviendas superiores a los 350 m2. Aunque el número de poblaciones se amplió, a partir de 2017 se redujo el número de contribuyentes: de 195 a 60, lo que conllevará a una pérdida de recaudación de 337.417 euros anuales.

La razón de este aumento en la recaudación se debe a que, aunque el impuesto nace de la Ley 14/2015, gracias a la Ley de vivienda 4/2016 el número de municipios a los que aplicó pasó de 72 a 234 poblaciones, las mismas donde realizarán la compra de pisos.

Desde 2015, según datos de la consejería, han adquirido 601 pisos en municipios con necesidades de vivienda, cuyo gasto fue de 33 millones de euros. En años se desglosa en 184 viviendas en 2015, 276 en 2016 y 141 en lo que llevamos de 2017. Todos ellos adquiridos por tanteo y retracto.

Aparte de esos pisos que se comprarán con dinero procedente del impuesto, desde la consejería están buscando “nuevas fórmulas para llegar a más de 500 viviendas para alquiler social”. A este objetivo por movilizar más pisos al parque público, se sumaría la fórmula de cesión de pisos por parte de entidades financieras, con lo que han logrado alcanzar la cifra de 27.000 pisos públicos. 

Pese a que la ley a la que se acoge este tributo está recurrida por el Tribunal Constitucional, en septiembre de 2016 se levantó la suspensión, permitiendo a la administración pública seguir aplicando este impuesto.