Imagen de unas obras / Gtres

Imagen de unas obras / Gtres

La asociación de promotores de Madrid celebra que la Comunidad de Madrid haya aprobado la declaración responsable para sortear los retrasos de las licencias urbanísticas. En este sentido, Asprima cree que esta medida permitirá a las compañías inmobiliarias ser más competitivas, modernizar el sector y evitar las okupaciones ilegales de viviendas de obra nueva. 

«La modificación de esta ley va a permitir a las empresas inmobiliarias ser más competitivas y modernizar el sector, y ayudará en gran medida a que podamos ser una verdadera palanca clave para retomar la actividad económica y crear empleo. Es también importante resaltar que con esta reducción del plazo, se reduce significativamente el riesgo de ocupación, al acortarse la entrega de la vivienda a nuestros clientes desde su finalización», afirma Daniel Cuervo, director general de Asprima. 

Para las promotoras esta medida supone un gran avance porque podrán obtener licencias de primera ocupación de sus promociones de viviendas a través de la declaración responsable. Un trámite que ya está vigente en otras comunidades autónomas como Cataluña, Aragón, Valencia, Andalucía, Canarias o Murcia. 

La aprobación de esta modificación ayudará a los ayuntamientos a desatascar la burocracia que se acumula en sus despachos. Cabe destacar que la Comunidad de Madrid acumula un retraso medio en la concesión de licencias de primera ocupación de entre tres y cuatro meses, y tiene hasta ahora un coste anual de 10 millones de euros solo en el Ayuntamiento de Madrid, en concepto de tributos e impuestos, según datos de la propia asociación. 

Con esta medida se abarata el precio de las viviendas nuevas para los clientes pudiendo entregarse antes en comparación a los plazos actuales. El retraso medio en la concesión de licencias de obra nueva en la Comunidad de Madrid es de 12 meses y el de licencias de primera ocupación de tres meses. «El ahorro en comparación con lo que se pagaba hasta ahora dependerá del  del Ayuntamiento, pero como ejemplo, el sobreprecio para un comprador en Majadahonda alcanza los 39.000 euros; en Pozuelo, de 35.000 euros y en Madrid capital de cerca de 29.000 euros, por todos los conceptos que este retraso conlleva», explica Cuervo. 

La Ley fue aprobada el pasado jueves y entrará en vigor 20 días después de su publicación. Por lo tanto, pasado ese tiempo será de obligado cumplimiento por parte de los ayuntamientos más allá de que estos tengan la obligación de adaptar su ordenanzas en el plazo máximo de un año. La medida no es sólo una buena noticia para los promotores residenciales, sino también para todo el sector inmobiliario. 

«Otra cuestión importante es que se agiliza mucho el comienzo de aquellas obras que no tengan carácter residencial ni público y que se desarrollan en una sola planta con escasa complejidad constructiva, lo que permite mayor dinamismo y generación de trabajo en la actividad de construcción de obras menores», afirma en este sentido el director general de la asociación. 

Pero Asprima no se conforma y solicita a las administraciones que introduzcan más modificaciones para agilizar el sector inmobiliario. Para ello, la asociación considera que habría que priorizar dos cuestiones: normas a nivel nacional y la digitalización del sector.

«Se necesita que haya unas reglas claras en todo el territorio nacional, con los mismos conceptos y plazos, sería una centralización de la política urbanística en toda España, aunque a nivel autonómico se tramitasen los aspectos de gestión para una mayor agilización y flexibilización en las actuaciones urbanísticas acordes a la realizad de cada comunidad autónoma. Y por otra parte, sería una digitalización de todas las tramitaciones que permitan agilidad y certidumbre en los expedientes. El sector privado diseña y gestiona los proyectos y edificaciones con la ayuda de la tecnología y la Administración los tramita de la misma manera que hace 20 o 30 años», explica Cuervo que también anuncia que la asociación, Cype y el Ayuntamiento de Madrid trabajan en un programa informático para que reduzcan estos plazos a menos de dos meses.