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Las propuestas de Podemos en materia de vivienda vuelven a enfadar al sector inmobiliario. La última que ha desatado las alarmas es la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 varios partidos políticos, entre los que se encuentra la formación morada, junto con Esquerra Republicana (ERC) y Bildu.

En concreto, los grupos proponen han presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda para que no se pueda desalojar de la vivienda ni cortar los suministros básicos a las familias sin alternativa habitacional al menos hasta el 31 de diciembre de 2022. De momento, los desalojos están prohibidos hasta finales del próximo mes de enero, después de que el Gobierno ampliara a la vuelta del verano los plazos de un paquete de medidas para hacer frente al impacto de los rebrotes del covid-19.

Pero la propuesta preocupa al sector inmobiliario, que cree que de salir adelante, supondría un perjuicio para los pequeños propietarios.

Al menos, eso es lo que sostiene la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), que afirma que a pesar de que la enmienda «ha sido catalogada desde el Gobierno como sorpresiva e inoportuna al mezclarse con los presupuestos», de salir adelante sería «un golpe mortal al pequeño arrendador, que se vería obligado a mantener su propiedad sin producirle rentabilidad alguna durante dos años y, por el contrario, asumiendo los costes derivados de dicha propiedad», según explica Jesús Manuel Martínez Caja, secretario general de la asociación.

Y recueda que la propuesta «se olvida de que la mayoría de arrendadores son pequeños tenedores que complementan sus ingresos con estos alquileres. En muchos casos compensan sus hipotecas y otros gastos con dichos ingresos y que el 80% de los alquileres no son en modo alguno especulativos ni están en manos de los grandes tenedores”.

Tal y como propone el sector con otras medidas de ayuda a los vulnerables, como por ejemplo la rebaja obligatoria de las rentas de los locales comerciales en Cataluña por el cese de acitividad o el decreto también de Cataluña para frenar los desalojos de familias con problemas económicos, las propuestas de carácter social deben venir acompañadas de otras que compensen a los propietarios e impidan que se vean perjudicados. Así pues, el sector pide que este tipo de soluciones no recaigan solo en el sector privado, sino que la Administración también debe asumir responsabilidad.

En este sentido, el primer espada de AMADEI incide en que “entendemos que se adopten medidas sociales que busquen el bienestar de las familias más vulnerables, pero, en tal caso, también deben contrarrestarse con otras que palíen los perjuicios para los arrendadores, buscándose un equilibrio justo y, desde luego, esta enmienda no lo contempla así”, e insiste en que, de salir adelante el texto original, «sería un grave error» y se estarían vulnerando derechos fundamentales de los propietarios y la legalidad de la norma acabaría, con toda seguridad, examinándose por el Tribunal Constitucional«. 

La asociación recuerda que la paralización de los desalojos incluye diferentes casiústicas, como por el impago de rentas, por expiración del contrato de alquiler, por precario (lo que podría amparar los delitos de usurpación y okupación) y derivados de procedimientos penales por uso de vivienda sin título.