“Las plataformas ofrecen a Hacienda los datos que sean necesarios para prevenir el fraude fiscal de entre los que recogen de sus usuarios, como los datos económicos de las transacciones, la identificación del usuario o del inmueble, pero el resto de los datos solicitados por la administración fiscal simplemente no los tienen”. Con estas palabras explica José Luis Zimmermann, director general de la Asociación de la Economía Digital (Adigital) el malestar del sector del alquiler vacacional frente a los cambios normativos sobre la materia.

El Gobierno aprobó el pasado 29 de diciembre un Real Decreto que introducía nuevas obligaciones de información a las plataformas online que intermedian en el alquiler turístico para evitar el fraude fiscal. Entre ellas, la identificación del usuario, la identificación del inmueble, la referencia catastral de la vivienda o los días en los que un alojamiento se ha usado con fines turísticos.

Según recuerda Adigital, organismo que agrupa a las empresas de economía colaborativa, parte de esos datos son prácticamente imposibles de recopilar por parte del sector. Y el problema es que la regulación establece multas millonarias por incumplir la que es, según el fisco, una “obligación de información”.

Desde el sector del alquiler vacacional manifiestan las dificultades para conseguir la referencia catastral de las viviendas, diferenciar entre el titular y el titulae de derecho o saber si un alojamiento ha sido alquilado unos días a un turista, a un estudiante, a alguien que está de viaje de trabajo o si se trata de otro tipo de estancia.

“No solo es un requisito insostenible facilitar los datos de más de 9 millones de viajeros extranjeros, sino que difícilmente se justifica en base al objetivo primordial de controlar el fraude fiscal. Unos datos que, además, el sector hotelero no está obligado a comunicar a Hacienda y en cuya regulación ya está trabajando el Ministerio de Interior”, aclara el comunicado de la asociación, que añade que la regulación “pone en riesgo la actividad de las plataformas, que ya suponen un 1,4% del PIB español, especialmente de las startups y pymes españolas”. 

Adigital sostiene que el contenido del Real Decreto se elaboró de forma apresurada y que no ha tenido en cuenta la opinión del sector, algo esencial para que los cambios normativos den los frutos esperados y permitan luchar contra el fraude fiscal como propone el Ejecutivo. 

Las críticas del sector al decreto no son nuevas: ya el pasado verano, cuando el Gobierno estaba preparando el texto, Adigital ya alertó de que la obligación de identificar a caseros e inquilinos es contraria a las leyes que rigen este tipo de servicios. De hecho, afirmaba que las exigencias eran contrarias “a la normativa comunitaria y estatal, así como a los principios del mercado interior y de unidad de mercado” e imponen “graves e injustificados obstáculos” a la libre prestación de servicios por parte de las plataformas digitales”.

En este sentido, la asociación aprovecha para pedir a Competencia que intervenga y que interponga un recurso contra el Decreto de manera proactiva con el objetivo de proteger el interés general. Por si no fuera poco, también ha pedido ayuda a Europa para valorar la posibilidad de de interponer una queja formal ante el organismo europeo, al considerar que el texto es contrario a la Directiva de Comercio Electrónico, a la Directiva de Normas y Reglamentaciones Técnicas y a la Directiva de Servicios.  

“La adopción de esta regulación supone una desventaja competitiva en el Mercado Europeo en comparación con normativas equivalentes como la francesa, que fue aprobada en 2016 y no entra en vigor hasta 2019. Además, los datos que pide la norma francesa son muy inferiores a los de la española, pese a su idéntica finalidad”, concluye Adigital.