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Arranca una semana decisiva para los trabajadores y autónomos que se hayan visto afectados económicamente por la crisis del coronavirus.

Y es que este mes de septiembre terminan los plazos para solicitar la moratoria de la hipoteca y las ayudas al alquiler, tanto las que se canalizan a través del ICO como de las CCAA que todavía mantienen abierto el plazo. También expira el plazo que impide los desahucios por impago del alquiler.

Son muchas las voces que han pedido una prórroga de las ayudas, en un intento de evitar que se dispare la morosidad en el pago de las cuotas hipotecarias y las rentas del alquiler.

El Banco de España, por ejemplo, aseguraba la semana pasada en un informe que “la terminación de los programas de apoyo podría hacer, si no se introducen nuevas medidas mitigantes, que se produjera una concentración de los impagos en el momento en el que venzan las moratorias en el caso de los hogares, y cuando finalice el plazo de carencia de los avales en el caso de los empresarios individuales y de las sociedades no financieras”.

Por otro lado, el sindicato UGT considera necesario “blindar algunas de las medidas implementadas en materia de vivienda durante la pandemia para que sean permanentes, a fin de proteger no solo aquella parte de la población más golpeada por el covid-19 sino también a aquellas personas que ya presentaban dificultades en el acceso y mantenimiento de su vivienda”. En concreto, el sindicato pide la suspensión de los procedimientos de desahucios, la prórroga indefinida de los contratos de los arrendamientos y la prórroga de la moratoria tanto para el pago de la hipoteca como del alquiler, ya que “la crisis sanitaria está muy lejos de resolverse y aún persiste en muchas familias la disminución o ausencia de rentas en este periodo”.

En plena segunda oleada del coronavirus y con estos llamamientos sobre la mesa, hay rumores de que el Gobierno está estudiando una prórroga exprés de varias ayudas para mantener el bautizado ‘escudo social’. De hecho, en el caso de los préstamos para pagar el alquiler que se articulan a través de los bancos y el ICO, ya estaba contemplada una prórroga del plazo, aunque ésta debe materializarse en una Orden Ministerial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sin embargo, de momento se desconoce si la ampliación afectará a estas medidas. 

A la espera de conocer noticias oficiales al respecto, repasamos cuándo está previsto que caduque cada medida, en qué consiste y qué documentación es necesario aportar para poder beneficiarse:

1. Moratoria hipotecaria legal

Se trata de una moratoria del pago del préstamo que pueden solicitar trabajadores por cuenta ajena y autónomos (incluyendo deudores, avalistas y fiadores) que se hayan visto afectados económicamente por el covid-19. Esta modalidad fue la que aprobó el Gobierno y tiene unos requisitos exigentes. Según los datos del Banco de España, la banca había suspendido 226.644 préstamos hipotecarios hasta finales de agosto, frente a las 269.012 solicitudes recibidas en ese periodo. Unas cifras que incluyen las moratorias de hipotecas sobre viviendas y otros inmuebles vinculados con la actividad económica, como por ejemplo un local o una pequeña oficina.

La principal ventaja que tiene es que incluye la moratoria tanto del capital como de los intereses. De momento, y a falta de saber si el Gobierno ampliará la fecha, el último día para solicitarla es el martes 29 de septiembre.

Esta medida tiene un plazo de vigencia de tres meses, por lo que la alternativa para todos aquellos a los que les caduca el plazo es solicitar la bautizada ‘moratoria sectorial’, que es la iniciativa privada de los bancos. En el caso de nuevas solicitudes, la opción es negociar de manera individual con la entidad financiera para buscar una solución.

Consulta aquí más información sobre los requisitos y la documentación a aportar

2. Moratoria hipotecaria sectorial

Es la moratoria sobre las hipotecas que sacó adelante el sector financiero con el objetivo de complementar la alternativa legal (la del Gobierno). Sus requisitos son menos exigentes (basta con haber entrado en un ERTE, haber perdido el empleo o haber sufrido una pérdida significativa de ingresos o un cese de actividad en el caso de autónomos) y tienen la ventaja de que permiten aplazar el pago durante un año (frente a los tres meses de otra moratoria) y permiten devolver la deuda de diferentes maneras (por ejemplo, puede prorratearse en la cuota mensual que pagará el cliente una vez que termine la moratoria, o bien puede prolongarse la vida de la hipoteca en el mismo periodo temporal que se produzca la interrupción del pago). No obstante, en este caso el cliente sí debe pagar intereses.

El supervisor financiero cifra en cerca de 666.700 el número de moratorias sectoriales aprobadas hasta finales de agosto, cifra que incluye las hipotecarias y las de otros préstamos como los de consumo, frente a las más de 731.000 recibidas.

El último día para solicitarla es el próximo miércoles, 30 de septiembre. No obstante, fuentes financieras aseguran a idealista/news que, a pesar de que esta alternativa sectorial llega a su fin, el sector está abierto a negociar de forma individual con los clientes, por lo que la recomendación es acudir al banco para intentar buscar una solución. Por otro lado, aquellos a los que se les acabe la moratoria legal, todavía pueden solicitar la sectorial para suspender el pago de la hipoteca durante un máximo de nueve meses.

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3. Ayudas al alquiler por el covid-19 a través del ICO

En materia de alquiler, una de las medidas que puso en marcha el Gobierno durante las primeras semanas de confinamiento fue la activación de unos préstamos que podían solicitar los inquilinos para pagar el alquiler, tanto si tiene un casero particular o se trata de un gran tenedor de viviendas. Una ayuda que se canaliza a través de los bancos y el ICO y que, de momento, expira el 30 de septiembre.

No obstante, la propia página web del ICO deja entrever que podría haber una prórroga. Detalla que “los préstamos deberán ser solicitados por el arrendatario ante la entidad de crédito antes del 30 de septiembre de 2020 y deberán formalizarse antes del 31 de octubre de 2020”, y puntualiza que “este plazo podrá ser ampliado mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma)”. Cuando se publicó esta ayuda en el BOE, ya aparecía la posibilidad de ampliar el plazo dos meses adicionales (solicitarlo hasta el 30 de noviembre y formalizarse hasta el 31 de diciembre).

Esta ayuda, que cuenta con una dotación total de 1.200 millones de euros, permite conseguir un préstamo por un importe máximo de seis mensualidades de hasta 900 euros al mes, lo que supone un montante total de 5.400 euros. Estos ‘minicréditos’ están avalados al 100% por el Estado y no supondrán coste alguno para el beneficiario, “ni gastos ni intereses a familias que, como consecuencia de la pandemia, se encuentren en dificultades para hacer frente a la renta de sus alquileres de vivienda habitual”.

El plazo para devolver el dinero es de seis años, prorrogables por otros cuatro ejercicios más (10 años en total), aunque se pueden realizar amortizaciones parciales o totales sobre el importe solicitado sin que el banco pueda aplicar comisiones por ello. 

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4. Ayudas al alquiler por el covid-19 de las CCAA

En el marco de las ayudas sociales que aprobó el Ejecutivo se encuentran las ayudas al alquiler que se canalizan a través de las autonomías y para las que el Estado transfirió 100 millones de euros, aunque muchas regiones se vieron obligadas a ampliar su presupuesto para llegar a las máximas solicitudes posibles.

Se trata de una línea de ayudas de un máximo de 900 euros al mes durante seis meses y del 100% de la renta (en caso de no superar dicho límite), y de 200 euros adicionales para suministros básicos, comunidad y mantenimiento. Un dinero que se puede destinar al pago de la renta o bien, el préstamo suscrito con el ICO que mencionábamos en el punto anterior.

El inquilino es el encargado de pedir la ayuda del alquiler por el covid-19 en su autonomía de residencia, aunque es el propietario de la vivienda el que recibe directamente el importe. Cada región establece sus propios requisitos (por ejemplo, el importe máximo a recibir o condiciones concretas para colectivos como víctimas de la violencia de género o personas especialmente vulnerables) y sus propios plazos de presentación.

En líneas generales, la fecha límite es el próximo miércoles 30 de septiembre, aunque en Comunidad Valenciana y Baleares ya ha terminado el plazo, y en Cataluña se interrumpieron las solicitudes ante el aluvión de peticiones recibidas.

En este caso, no está claro que vaya a haber una prórroga. Al menos, fuentes de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Andalucía aseguran a idealista/news que de momento no tienen constancia de que vaya a ampliarse el plazo para las solicitudes.

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