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El acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos para sellar los Presupuestos Generales de 2019 se saldó con un gran titular en materia laboral: “El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá un 22,3% en 2019, hasta situarse en 900 euros mensuales”.

Teóricamente, una subida del salario base debería ser un revulsivo para el círculo económico. Los trabajadores que ganan menos dinero percibirían un sueldo superior, lo que les permitiría consumir más y vivir mejor. Esto aumentaría las ventas de las empresas, por lo que estarían en disposición de contratar más empleados. Y el Estado sacaría rédito por todas partes: ahorraría dinero de las prestaciones porque muchos parados encontrarían trabajo, aumentaría la recaudación vía impuestos y cotizaciones sociales. Sin embargo, los expertos creen que, tal y como está planteada la medida, su puesta en marcha definitiva traerá muchos más problemas que beneficios.

“El objetivo de cualquier repunte del salario mínimo es loable, porque busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores con menos recursos, pero la realidad es que puede llegar a ser contraproducente y perjudicar precisamente a quien se quiere ayudar”, explica Joaquín Blanco, economista del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Cómo está el SMI y qué debe pasar para que suba

El Salario Mínimo Interprofesional se sitúa actualmente en 735,9 euros al mes, lo que significa que ha subido casi 223 euros desde 2005. ¿Y esto es mucho o poco? Somos el octavo país de la Unión Europa con el importe más alto teniendo en cuenta 14 pagas. Luxemburgo lidera la clasificación con casi 2.000 euros mensuales (duplica la cifra española), mientras que Bulgaria, en cambio, establece como salario base 261 euros mensuales; esto es, una cantidad 3,3 más baja que España.

Por otro lado, no podemos olvidar que el acuerdo al que han llegado el Gobierno y Unidos Podemos solo se materializará si salen adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019, para lo que necesitan el beneplácito del Parlamento y el Senado, además de la Comisión Europea. En este escenario, son muchas las negociaciones que se esperan para que los Presupuestos lleguen a aprobarse.

Los riesgos de que suba el SMI

Imaginemos que el Gobierno de Pedro Sánchez consigue sacar adelante las cuentas y que entran en vigor. ¿A cuántas personas afectaría del salario mínimo y cómo afectaría a la economía y al mercado laboral?

Según el IEE, el incremento planteado afectaría directamente al 12% de la población activa actual; esto es, en torno a 2,3 millones de trabajadores. Se trata, principalmente, de jóvenes, inmigrantes y personas de baja cualificación. Pues bien, si sube el SMI matemáticamente todos ellos verían incrementado su sueldo y tendrían una mayor capacidad adquisitiva, lo que en principio es algo positivo. Ahora bien, su puesto de trabajo podría peligrar.

“En una subida del SMI operan varias fuerzas con diferentes consecuencias, algunas positivas y otras negativas, de modo que no es evidente a priori cuál será el resultado. Sin embargo, lo que sí sabemos con seguridad, porque hay mucha evidencia de ello, es que habrá colectivos para los que sí puede tener un efecto negativo en el empleo: los jóvenes y los trabajadores menos cualificados. En consecuencia, los efectos esperados no son nada optimistas para ellos”, adelanta Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

Y es que los expertos aseguran que se podría destruir empleo o producir una reducción del horario laboral, lo que acabaría siendo contraproducente. No podemos olvidar que una subida de salario supone mayores costes laborales, con su conveniente impacto en las empresas de menor tamaño, que representan un 99,88% del tejido productivo en nuestro país. De hecho, casi 95 de cada 100 empresas en España tienen como máximo nueve empleados.

El IEE utiliza el siguiente ejemplo: un negocio como puede ser un bar que tenga cinco trabajadores (camareros, cocineros…) podría ver incrementado el coste laboral de cada uno de ellos entre 4.000 y 5.000 euros al año. En total, entre 20.000 y 25.000 euros al año. Unas cifras que, según los expertos, muchas pequeñas empresas no van a poder asumir.

“Muchas empresas van a tener que recalcular sus gastos y para ello pueden tomar distintas medidas: regularizar las horas de su plantilla (como que pasen de 40 horas semanales a 30), dejar de contratar a trabajadores o incluso plantearse despidos, así que es erróneo pensar que van a ganar más dinero si sube el salario mínimo”, sostiene Víctor Fermosel, profesor de EAE Business School. En el caso de algunos sectores como la industria, por ejemplo, las empresas también podrían apostar por invertir en mejores máquinas o sistemas más eficientes para sustituir a empleados si económicamente les compensa más automatizar procesos que tener trabajadores.

Pero no serían los únicos colectivos afectados. El profesor de EAE Business School también alerta sobre el impacto que podría tener la medida sobre miles de personas que reciben una pensión y sobre los autónomos. Por un lado, Fermosel recuerda que determinadas ayudas están vinculadas a los ingresos familiares, por lo que una subida del salario mínimo podría conllevar que un receptor rebasa los límites y dejara de percibir la pensión. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, las subidas del SMI suelen conllevar un aumento de las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social.

Y ya hay rumores al respecto. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la medida planteada por Gobierno y Unidos Podemos provocará que “el 85% de los autónomos tengan que pagar unos 420 euros más al año”, mientras que el Ministerio de Trabajo ya ha dejado entrever que estudia aumentar las cuotas obligatorias entre 40 y 50 euros al mes, o 25 euros en el caso de nuevos autónomos. Actualmente la cuota mínima es de 278,87 euros al mes, y de 50 euros durante el primer año de actividad.

Suma y sigue porque otra de las consecuencias es que podríamos ver un repunte de la economía sumergida; por ejemplo, las pequeñas empresas podrían reducir la jornada laboral oficial y pagar en negro horas extra.

“La realidad es que cualquier subida del salario mínimo tiene consecuencias negativas, siempre y cuando no venga acompañada por un repunte de la productividad en la misma medida. Y si no mejora la competitividad corremos el riesgo de que se frene la creación de empleo, aumente el paro y haya más economía sumergida”, subraya Luis Pérez, director de relaciones institucionales de la consultora Randstad.

Los últimos datos de los Técnicos de Hacienda (Gestha) estiman que la economía sumergida en España se situó alrededor de los 253.000 millones de euros en 2012, tras aumentar en 60.000 millones durante la crisis. Dicha cantidad supone prácticamente una cuarta parte del PIB doméstico. Curiosamente, la lucha contra el fraude ha sido una de las grandes apuestas de los últimos Gobiernos. La iniciativa más reciente en la materia ha sido el Anteproyecto de Ley que presentó Hacienda la semana pasada para combatir las nuevas formas de evasión fiscal, que incluye medidas como actualizar la lista de paraísos fiscales, ampliar la lista de morosos rebajando el umbral de la deuda de un millón a 600.000 euros o limitar el dinero que se puede pagar en efectivo en algunas operaciones económicas.

Por último, los expertos creen que podrían subir los precios de muchos productos, incluido el alquiler de una vivienda.

¿Soluciones? Apoyo a la empresa y distintos SMI

Si los expertos creen que subir el salario mínimo no es la solución, ¿qué alternativas hay? Desde EAE Business School sostienen que “cualquier país que esté intentando mejorar las condiciones laborales y de vida de los colectivos más desfavorecidos lo que debe hacer es impulsar la competitividad, no frenarla”. Así, desde la escuela de negocios apuestan porque la Administración ofrezca incentivos a pymes y autónomos para fomentar el empleo, como por ejemplo bajar las cotizaciones sociales que se pagan por los trabajadores o bajar los impuestos. En cualquier caso, creen que la clave está en enfocar las medidas siguiendo el esquema Estado-empresa-trabajador, no directamente Estado-trabajador.

Desde el IEE proponen crear diferentes tipos de salarios mínimos, como sucede en países de nuestro entorno. “Deberíamos ver qué se ha hecho en otros países y a qué conclusión han llegado. Casi todos los países europeos tienen dos tipos de salario mínimo: uno estándar y otro específico para los jóvenes, que es mucho más bajo. De esta manera se evita su perjuicio”, comenta. En el caso de España, y teniendo en cuenta que hay dos colectivos especialmente vulnerables en términos de empleo (jóvenes y parados de muy larga duración mayores de 45 años), la alternativa ideal sería contar con un tipo de salario mínimo en cada caso y otro para el resto de los trabajadores.