España debería invertir 103.780 millones de euros para cubrir las necesidades básicas que plantean hoy en día nuestras infraestructuras. Ésta es la cifra a la que ha llegado la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras en España (Seopan) junto con la firma de ingeniería internacional SENER.

La patronal sostiene que la Administración pública y el sector privado deben llegar a un punto de encuentro para poder afrontar este gasto sin perjudicar la reducción del déficit público que marca Bruselas, y alerta de que solo será posible garantizar la competitividad española y el bienestar social si se apuesta por el sector de las infraestructuras.

Entre las razones que da para sostener su tesis está el déficit inversor doméstico frente a nuestros vecinos europeos, principalmente las cuatro grandes economías: Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Un déficit que afecta a áreas tan diferentes como el medioambiente, la gestión de residuos, la defensa, la salud, la protección social y la vivienda.

Según el informe que ha publicado Seopan, denominado ‘Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España‘, nuestro país destina un 40% menos de dinero público a vivienda y servicios comunitarios que el resto de Europa y un 43% menos si solo nos comparamos con las cuatro mayores economías de la región.

Los últimos datos disponibles de la Comisión Europea sostienen que, mientras en el mercado doméstico se dedican 25 euros por habitante a dicho fin, la media de la UE destina 40 euros y la media de las cuatro grandes potencias de la región invierte 44 euros, lo que supone 19 euros más. Esta diferencia se traduce en un déficit para España de 879 millones de euros anuales.

Si nos comparamos con Italia o Francia las diferencias son aún mayores: el país transalpino dedica 50 euros públicos por habitante a vivienda y servicios comunitarios (el doble que España), mientras que el Estado galo invierte hasta 81 euros por habitante a este fin. Es decir, más del triple. No obstante, en Reino Unido la inversión es ligeramente inferior: unos 20 euros por persona.

“El déficit inversor es especialmente acusado en infraestructuras de transporte (4.099 millones de euros anuales), de educación (3.891 millones/año), de salud (1.597 millones/año), de medio ambiente (1.191 millones/año) y de vivienda y servicios comunitarios (879 millones/año)”, sostiene el informe de Seopan. Esta división incluye urbanización, desarrollo comunitario, abastacimiento de agua, alumbrado público y desarrollos relacionados con la vivienda.

No podemos olvidar que el peso del mercado inmobiliario en las cuentas públicas cada vez es más residual. En los Presupuestos Generales de 2017, la partida vinculada a la vivienda se sitúa en 466 millones de euros, una cantidad un 20,6% inferior a la de 2016 y que se aleja de los más de 1.000 millones que se destinaron entre 2007 y 2011. Respecto al gasto total de los Presupuestos, la vivienda apenas supone 10 céntimos de cada 100 euros (esto es, un 0,1%), mientras que las pensiones acaparan el 40%.

Firme apuesta por la movilidad urbana

Más allá de la necesidad de construir viviendas por parte del sector público, Seopan detecta en su informe 37 proyectos prioritarios relacionados con el área de urbanismo que requieren un aumento de la inversión pública. En términos generales, son obras que requieren una inversión en construcción superior a los 50 millones de euros, con una buena ratio coste/beneficio (lo que significa que son rentables) y cuyo objetivo es mejorar la movilidad urbana. Además, son proyectos que están planificados o lo han estado en el pasado.  

“En las actuaciones de ámbito estatal relacionadas con el urbanismo se ha trabajado sobre el contenido del PITVI (Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda), mientras que en las del ámbito autonómico, la escasa información se ha completado con comentarios, criterios y apreciaciones procedentes de expertos locales y asociaciones de empresarios”, aclara la patronal.

En concreto, son proyectos vinculados a la mejora de las redes de metro y tranvía de los principales núcleos urbanos del país. La patronal calcula que el coste de llevarlos a cabo alcanzaría 12.314 millones de euros (más IVA) y afectaría a 144 km, pero que su beneficio social rozaría los 15.000 millones y permitirían un ahorro de tiempo de viaje para los ciudadanos (unas 236 horas por cada km de infraestructura), así como reducir el impacto medioambiental.

El informe incluye obras en múltiples grandes ciudades, entre ellas Málaga, Alicante, Barcelona, Sevilla, Madrid, Granada, Vigo, San Sebastián, Córdoba, Vitoria y Palma. Entre los proyectos destacan la prolongación de líneas de metro ya existentes, la creación de nuevas, la fusión de servicios o la puesta en marcha de conexiones entre diferentes puntos de las ciudades para mejorar su comunicación. Según Seopan, algunas de las propuestas están pendientes de licitación, mientras que otras son anteproyectos y otras están siendo analizadas para medir su grado de viabilidad.

Además de mejorar la movilidad y la integración de las ciudades, la patronal pone de manifiesto la importancia de apostar por la rehabilitación urbana, que será un filón para el sector constructor en los próximos años, y el desarrollo de políticas que hagan de las grandes metrópolis españolas verdaderas ciudades inteligentes.