Flickr/Creative commons

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La relación entre Airbnb y el actual Gobierno municipal de Barcelona es pasional y tormentosa. Si bien las rencillas crecieron al imponer el Ayuntamiento a la plataforma digital multas por algunos anuncios de sus clientes carentes de legalidad, ahora le ha enviado una misiva para instar al diálogo para tratar la regulación del alquiler vacacional.

Es un entramado de conflictos que ambos, por intereses en común, deben resolver. El Ayuntamiento formalizó la semana pasada la sanción de 600.000 euros que tiene interpuesta contra Airbnb por varios pisos que dejó anunciados sin licencia para operar como piso turístico y exigir la obligatoriedad de dicho número debido a la normativa local (algo que no puede controlar la plataforma, pero sí advierte a cualquier usuario que quiera anunciar su vivienda en la web).

La intención del Gobierno municipal con esas multas no es recaudar dinero ni polemizar su relación, sino, en boca de la teniente alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, que “se trata de una medida disuasoria”. Pero al confirmar la multa de 600.000 euros hace unos días, advertía que iban a iniciar el trámite de otra si no cumplían la normativa, a pesar de detallar cómo se establece la regulación de la actividad en dicha comunidad y ciudad. Algo insuficiente para el Ayuntamiento y que, sin embargo, no exige a las demás compañías.

El Consistorio se ve forzado a actuar en un mercado que, considera, carece de un compromiso y respeto con los barceloneses. Las quejas de vecinos o la competencia que supone para el gremio hotelero les empuja a buscar soluciones como intermediarios. Y, para ello, necesita a las plataformas para crear una mesa de trabajo que apacigue el conflicto y donde confluyan todas las opiniones hasta llegar a un punto de acuerdo entre todas las partes.

Airbnb opera en 191 países y, según dice la compañía, ninguna le ha multado o le ha restringido como lo hace la administración pública en Barcelona. Pero esta ciudad es, a su vez, una de las más visitadas del mundo y donde más flujo de turistas (8 millones al año en 2016) hay que busquen apartamentos para pasar unos días en la ciudad. 

Así, Airbnb por su parte ha puesto sobre la mesa una condición para efectuarse la reunión entre ellos y Ayuntamiento: que acudan las familias que comparten su vivienda. Desde la compañía, consideran que el Ayuntamiento está haciendo una campaña “del miedo y la confusión contra los barceloneses”. Es por eso que su exigencia de traer familias para que se dé la cita sirva para diferenciar lo que llaman “malos actores” de la mayoría de sus clientes.